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Viernes, 13 de Junio de 2008

EEUU seguirá adelante con los juicios de Guantánamo

Según el fiscal, el revés del Supremo no influirá en el proceso contra cinco sospechosos del 11-S

ISABEL PIQUER ·13/06/2008 - 21:05h

REUTERS - El papa Benedicto XVI y Bush pasean por el Vaticano.

El Gobierno del presidente estadounidense George W. Bush piensa hacer todo lo posible por retrasar, obstruir o simplemente ignorar la decisión tomada el jueves por el Tribunal Supremo que permite a los prisioneros de Guantánamo cuestionar su detención ante los tribunales ordinarios. Ya ha asegurado que la sentencia no influirá en los juicios contra los cinco principales sospechosos de los atentados del 11-S que empezaron a principios de este mes en la base militar.

Bush resumió la intención de su administración al asegurar que acataría la decisión, pese a no estar de acuerdo, y añadir que la estudiaría para "determinar si una nueva legislación es o no apropiada para garantizar la seguridad de los estadounidenses".

El fiscal general, Michael Mukasey, aseguró por su parte que la sentencia del Supremo no afectaba al proceso judicial que se inició en la isla el pasado 4 de junio y que este seguiría su curso. "Estoy muy decepcionado con la decisión", reconoció Mukasey en Tokio, donde asistía a una reunión de ministros de Justicia de los países del G-8. "Entiendo que desembocará en cientos de apelaciones", añadió.

Más que en cientos de apelaciones, el fallo del Supremo cuestionará la propia existencia de Guantánamo. Al autorizar a los presos a presentar sus casos en las cortes federales estadounidenses, con todas las garantías de la ley, el Supremo invalida el limbo que creó el gobierno estadounidense después de los atentados del 11-S, al crear la figura del "enemigo combatiente" -inexistente en el derecho internacional humanitario- y trasladar su detención a un territorio de dudoso estatus legal.

Hasta el momento, 19 prisioneros, incluidos el supuesto cerebro de los atentados, Jalid Sheij Mohamed, y otros cuatro acólitos, se enfrentan a los tribunales militares. El Pentágono ya ha anunciado que espera enjuiciar a 80 detenidos, del total de 270 que todavía permanecen en Guantánamo.

Lo cierto es que nadie sabe todavía qué efecto tendrá realmente la controvertida sentencia que, según subrayaba ayer un análisis del Washington Post, "descarrila toda la estrategia de detención" del Gobierno estadounidense.

La pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasará con Guantánamo?

El presidente Bush y el secretario de Estado de Defensa, Robert Gates, han manifestado en varias ocasiones su deseo de cerrar la prisión y Washington ha hecho lo posible por devolver a muchos de los prisioneros a sus países de origen. Pero los que quedan son considerados demasiado peligrosos para ser puestos en libertad o simplemente juzgados en tribunales civiles. El limbo legal complica singularmente la situación.

Obama apoya la decisión

Le tocará al próximo inquilino de la Casa Blanca resolver la cuestión. Los dos candidatos en liza han reaccionado con cautela ante la noticia.

El republicano John McCain repitió que estaba a favor de cerrar Guantánamo pero advirtió, sin entrar en detalles, que la decisión del Supremo se refería a "enemigos combatientes que no son estadounidenses" y subrayó que cuatro de los cinco jueces se habían opuesto a la sentencia.

El demócrata Barack Obama fue más categórico al respaldar la decisión asegurando que restablecía el equilibrio entre la lucha antiterrorista y el respeto de "nuestros valores básicos". El Supremo, dijo Obama, "ha rechazado la intención por parte del Gobierno Bush de crear un agujero negro legal en Guantánamo". "Este es un paso importante para restaurar nuestra credibilidad como nación comprometida con la ley", agregó. 

Para los abogados, las reglas cambian

La decisión del Tribunal Supremo que otorga derechos constitucionales a los detenidos en Guantánamo “ha cambiado fundamentalmente las reglas para procesarles y podría acabar con la comisión militar que los está juzgando”, de acuerdo con varios abogados defensores de presos.

“Si el Gobierno opta por continuar con las comisiones militares, se le requerirá que lleve a cabo juicios que cumplen las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos”, según Brian Mizer, abogado militar asignado a defender al chófer de Osamabin Laden en Guantánamo.