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Jueves, 1 de Noviembre de 2007

La entrada de inmigrantes y el crecimiento del PIB no evitarán la quiebra de las pensiones, según un experto

EFE ·01/11/2007 - 12:35h

EFE - Imagen de archivo de unos pensionistas jugando a las cartas en el Centro Municipal de Mayores Blasco de Garay, en el Distrito de Chamberí.

La entrada masiva de inmigrantes y el crecimiento económico no van a evitar que a partir del 2043 el sistema de pensiones pueda no ser viable, por lo que se precisan reformas que acaben con el "exceso de generosidad" que existe en el cálculo de las prestaciones.

Esta es la conclusión a la que llega Javier Alonso, de la Universidad Carlos III de Madrid, en un artículo que publica en el último número de "Papeles de economía española" (editado por FUNCAS) y titulado "Retos económicos actuales".

En su artículo "La política y las pensiones vs. la política de pensiones en España" asegura que, a pesar de que la coyuntura económica está siendo "muy favorable" para el sistema de pensiones, los factores estructurales que determinan la "insostenibilidad financiera" del sistema a largo plazo permanecen invariables.

En su opinión, los problemas estructurales son tres: el proceso de envejecimiento de la población, la "falta de provisión" de derechos de pensiones generados en el pasado y el "exceso de generosidad" en el cálculo de la pensión o "desequilibrio" actual del sistema.

Al respecto, destaca que algunos países han realizado reformas para reducir la "generosidad" del sistema, introduciendo elementos de capitalización (aportaciones individuales), con lo que se conformaría un sistema mixto.

Mientras, critica el autor, las reformas hechas en España han "pecado" de falta de "ambición", pese que a España, advierte, será uno de los que mayores problemas presentará en el futuro por el envejecimiento de la población.

Según Alonso, una de las causas que puede explicar la falta de iniciativa reformadora es el "impresionante" desconocimiento de la población acerca del funcionamiento del sistema de pensiones.

Esto supone que la opinión pública no ejerce "presión" a los líderes políticos e institucionales para pactar reformas y que éstos no quieren "afrontar" el coste político de implantarlas porque el debate está "excesivamente ideologizado".