AFP - Las manifestaciones frente al Tribunal Supremo no han sido en balde

Earl Berry pensó que le había llegado su última hora. Acababa de terminar unas costillas a la barbacoa y se había dado una ducha. Por la mañana, había estado sollozando.

A las seis de la tarde, debía ser ejecutado, tras 19 años en el corredor de la muerte, por el secuestro y asesinato de una mujer, Mary Bounds, cerca de su casa en Mississippi.

Veinte minutos antes de la hora, sonó el teléfono. El Tribunal Supremo acababa de aceptar su recurso de apelación. Berry iba a convertirse en el prisionero número 43 ejecutado en Estados Unidos en lo que va de año.

La suspensión, el tercer caso desde septiembre, hace prever que de momento la más alta instancia judicial del país tiene previsto parar las ejecuciones por inyección letal, imponiendo así una moratoria de varios meses en los casos de pena de muerte.

Daños innecesarios

Pero la moratoria se basa en un tecnicismo. No se trata de cuestionar la validez legal de la pena capital, como ocurrió entre 1972 y 1976, cuando se suspendieron las ejecuciones en EEUU.

Los otros convictos que han presentado recursos no están replanteando sus penas. El Tribunal Supremo debe decidir si la mezcla de sustancias usadas en las inyecciones letales es anticonstitucional por ser cruel y dolorosa.

Todo empezó cuando dos condenados a muerte, Ralph Baze y Thomas Bowling, decidieron denunciar en 2004 a las autoridades penitenciarias de Kentucky y al gobernador del Estado, Ernie Fletcher, por utilizar métodos que podían causar daños y sufrimientos innecesarios durante las ejecuciones, violando así la octava enmienda de la Constitución.

También argumentaban que las cárceles no estaban preparadas si las cosas iban mal. Bowling fue condenado en 1990 por asesinar a una pareja y herir a su hijo. Baze cumple condena desde 1992 por matar al sheriff del condado de Powell.

Tras pasar por los vericuetos habituales del sistema judicial, el caso llegó finalmente al Tribunal Supremo que debe tomar una decisión antes del mes de julio. Hasta entonces, y a la vista de sus recientes decisiones, ha decidido imponer una tregua. La pena de muerte es, cada vez más, tema de debate en EEUU, algo que no ocurría hace unos años.

Algunos estados, como Nueva York, han pasado de una moratoria activa a la supresión. En 37 de los 38 estados que aplican la pena de muerte
se utiliza la inyección letal. La silla eléctrica, old sparky, ya sólo se usa en Nebraska.

La inyección letal consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de un barbitúrico de acción rápida en combinación con un producto químico paralizante.

Mezcla por 86 dólares

Las autoridades penitenciarias de Texas usan tres sustancias conjuntamente: tiopental sódico, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio. El tiopental sódico hace perder el conocimiento, la segunda sustancia bloquea el diafragma e impide la respiración y la tercera provoca un paro cardíaco. La muerte debe producirse a los siete minutos.

La mezcla cuesta 86,06 dólares.