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Miércoles, 4 de Junio de 2008

El Gobierno pide a Rosa Díez que no se erija como máxima intérprete de la Constitución

La ministra Elena Salgado responde así a la diputada de UPyD, quien preguntó en el Congreso "qué piensan hacer para frenar la discriminación que sufren miles de familias por no poder matricular a sus hijos en un modelo de enseñanza en castellano"

PÚBLICO.ES / EFE ·04/06/2008 - 17:44h

EFE - La diputada de UPyD, Rosa Díez.

"¿Qué piensan hacer para frenar la discriminación que sufren miles de familias por no poder matricular a sus hijos en un modelo de enseñanza en castellano?".

La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha planteado esta pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. La respuesta del Ejecutivo, por boca de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha sido contundente: "No pretenda erigirse como máxima interprete de la Constitución en materia de lenguas, por encima incluso del Tribunal Constitucional".

Libertad 

Díez ha denunciado la "discriminación" que se practica en algunas comunidades autónomas

En su exposición, Rosa Díez ha recordado a la ministra que la libertad es poder elegir la lengua en la que educas a tus hijos y que la cooficialidad significa que la administración garantizará el trato igual de todos los ciudadanos al margen de la lengua en la que quiera expresarse.

En este sentido, Díez ha denunciado la "discriminación" que se practica en algunas comunidades autónomas y lo ha calificado como "un atentado contra la libertad y contra la igualdad" de los ciudadanos.

Castellano, la lengua oficial 

La titular de Administraciones Públicas ha dicho que no caben interpretaciones por parte de los poderes públicos, al recordar que la Constitución, los estatutos de autonomía y las leyes aprobadas por el Congreso "establecen claramente las líneas del modelo lingüístico".

Ha recordado que el castellano es la lengua oficial del Estado, como también lo son las demás lenguas en sus respectivas comunidades autónomas, tal y como aparece en el artículo 3 de la Constitución, ha apostillado.

Tras precisar que si hay problemas concretos que corregir se corregirán en base al ordenamiento jurídico, ha enfatizado que desde los poderes públicos no se dedican a restaurar "ningún significado constitucional, sino a hacer efectivo el derecho lingüístico, aplicando la ley y lo que decide el TC".