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Lunes, 2 de Junio de 2008

Un ex edil del PP, condenado a dos años de cárcel por el 'caso Funeraria'

La Audiencia Provincial inhabilita a Luis María Huete para ejercer como cargo público por un delito de prevaricación

PÚBLICO.ES ·02/06/2008 - 11:28h

El ex concejal madrileño del PP Luis María Huete considera que su condena de inhabilitación para ocupar un cargo público, por un delito de prevaricación en el 'caso Funeraria', se debe a que él era el portavoz del Partido Popular en el consistorio de la capital cuando se produjo el acuerdo de venta del 49% de la funeraria municipal. 

"Aunque estoy convencido de que ganaré en el Tribunal Supremo, asumo la condena con tranquilidad y se debe a que yo era la persona que figuraba como cabeza del grupo popular en el acuerdo que adoptó el Pleno", ha declarado a la salida de la Audiencia Huete que fue ex teniente de alcalde durante el gobierno municipal de José María Álvarez del Manzano. 

El ex concejal se refiere al acuerdo que adoptó el Ayuntamiento en 1992, cuando decidió vender por un precio simbólico de 0,60 céntimos de euro, el 49 por ciento de la funeraria municipal a la empresa Funespaña. 

En la sentencia del "caso Funeraria", dada a conocer hoy, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Huete por prevaricación a quedar inhabilitado para un cargo público durante dos años y un día, mientras que los también ex concejales del PP Simón Viñals y Antonio Moreno han sido absueltos de los delitos de prevaricación, maquinación, malversación y tráfico de influencias. 

"16 años de calumnias e injurias" 

"Después de 16 años de calumnias e injurias y de salir en los periódicos como si fuese de ETA, hoy mis hijos y nietos pueden decir que tienen un padre y abuelo honesto", ha destacado Viñals en declaraciones a los periodistas, y ha mostrado su "confianza en la justicia" y su apoyo a Huete: "es tan inocente como yo". 

"Ya me han hecho la pascua bastante", se ha lamentado Moreno tras proclamar su inocencia, y ha acusado a los promotores de esta causa judicial de haberle dejado "políticamente destrozado".

También han sido absueltos, igualmente por haber prescrito los delitos de falsedad documental y tráfico de influencias, los hermanos José Antonio y Ángel Valdivia, accionistas y directivos de Funespaña, la empresa que compró en 1992 el 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFMSA) por 100 pesetas, así como su ex presidente José Ignacio Rodrigo. 

En sus fundamentos jurídicos, la sentencia circunscribe el delito de prevaricación cometido por Huete "a la actuación desplegada por él" para la adjudicación del concurso a Funespaña y a las "omisiones voluntarias de cuantas actuaciones le señalaron como necesarias los órganos técnicos del Ayuntamiento una vez adjudicado el concurso". 

Afirma, sin embargo, que "nada puede decirse" en cuanto a la selección del adjudicatario, puesto que "nada se ha probado que indicara que la oferta elegida no se ajustara a los pliegos rectores del concurso" ni fuera la "proposición más ventajosa", por lo que "no existe razón suficiente para considerar ilegal ese acto". 

El verdadero valor de la oferta elegida no era el que figuraba en ella

Respecto a la prevaricación, señala que fue cometida por Huete al proponer al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la adjudicación a Funespaña "a pesar de las advertencias de los órganos técnicos de que el verdadero valor de la oferta elegida no era el que figuraba en ella, sino que el mismo era el equivalente al 49% del Patrimonio Neto de la EMSFMSA". 

Asegura que Huete "no dudó" en suscribir un contrato con Funespaña "en el que figuraba un precio que sabía incierto e inexacto, ni en proponer al Pleno del Ayuntamiento la condonación de la deuda que la EMSFMSA tenía contraída con él por la deuda de los funcionaros". 

En este actuó, señala, "a sabiendas de que tal condonación efectuada en ese momento, como reiteradamente habían informado los órganos técnicos, sólo beneficiaba al adjudicatario y, por ende, perjudicaba al interés público". 

La sentencia llega a fijar el "daño a los intereses públicos" en 1.236.269.900 pesetas -7.430.131,74 euros-, que es la diferencia entre el precio que debería haber abonado Funespaña de haber actuado Huete "conforme al deber jurídico que le era exigible y al procedimento indicado por los órganos técnicos", y las 100 pesetas que efectivamente abonó. 

No existen pruebas de que Huete actuara en "connivencia con los finalmente beneficiados"

A la vez, el tribunal precisa que no existen pruebas de que Huete actuara en "connivencia con los finalmente beneficiados" y determina que lo hizo para "realizar su voluntad de concluir el proceso privatizador legítimamente iniciado (...) en el plazo fijado por él mismo". 

Explica que en este caso el delito no ha prescrito porque al tener prevista una pena de inhabilitación de hasta 12 años el plazo de prescripción sube hasta 10 años.