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Sábado, 24 de Mayo de 2008

Bermejo anuncia que estudiará la renovación de las leyes del aborto y la eutanasia

EFE ·24/05/2008 - 21:46h

EFE - El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha afirmado hoy en Cáceres, en relación al traspaso de competencias en materia de Justicia, que "ya toca", y ha incidido en el hecho de que se debe aprovechar la celebración del XXV aniversario del Estatuto de Autonomía, "para dar un impulso en ese sentido".

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha manifestado hoy en Cáceres, en la clausura del XXIII Congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que el Ministerio estudiará la posible reforma de las leyes que regulan la interrupción del embarazo y el derecho a una vida digna, porque, según ha dicho, las leyes, como todo, "envejecen y hay que renovarlas".

Así lo ha manifestado en relación a las conclusiones que se han obtenido del congreso, que se ha celebrado bajo el título "Frente a la intolerancia y la exclusión social", entre las que está pedir una urgente reforma legislativa de ambos aspectos por considerar que las leyes actuales no garantizan los derechos de los afectados.

El ministro, que ha destacado la necesidad de aprobar un nuevo Código Procesal Penal, consensuado por todas las partes, y que ha señalado que lo más inminente será la aprobación de un paquete de 21 leyes procesales, fundamentales para poner en marcha la Oficina Judicial, ha felicitado a la UPF por ser algo más que una asociación de fiscales, por su compromiso social con los más desfavorecidos, y "por haber puesto una vez más el dedo en la llaga".

En el acto de clausura del XXIII Congreso de la UPF, la presidenta de este colectivo de fiscales, Gabriela Bravo, ha entregado el Premio "Jesús Vicente Chamorro", con el que se reconoce a las personas que se han destacado por su labor a favor de los más desprotegidos, a Enrique Castro, sacerdote de la parroquia de San Carlos Borromeo, en el barrio de Entrevías de Madrid, donde convive con jóvenes marginados, drogadictos y enfermos de SIDA.

También Gabriel Bravo ha leído las conclusiones de las cuatro mesas redondas que se han celebrado a lo largo del congreso sobre aborto y eutanasia; exclusión social y discapacidad; intolerancia ante la homofobia y la xenofobia, y la Ley de Retribuciones y el Estatuto del Ministerio Fiscal.

En materia de aborto, la UPF exige que la sanidad pública garantice en todo el territorio español la prestación sanitaria necesaria para la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legales.

Al mismo tiempo, ha denunciado la instrumentalización de la ley por sectores reaccionarios, "en ocasiones apoyados por alguna administración pública con la esperanza de eliminar el derecho de las mujeres a decidir, por motivaciones puramente ideológicas y religiosas incompatibles con el Estado Laico".

Sobre la eutanasia ha estimado "necesaria una reforma del Código Penal para que regule la despenalización de la eutanasia, garantizando el derecho a una muerte digna.

En relación a los cuidados paliativos ha denunciado "el inaceptable acoso y persecución a que se ha visto y se ven sometidos diversos profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid, sobre la base de concepciones ideológicas y religiosas".

En cuanto al racismo, la xenofobia y la homofobia, la UPF ha reclamado a la Fiscalía General del Estado una atención especial a esta forma de criminalidad, y "una respuesta que considere a estos grupos como crimen organizado".

Asimismo ha pedido la especialización de fiscales en este tipo de delitos, y la creación de unidades especializadas de la policía.

La UPF también ha abordado la Directiva de Retorno de inmigrantes sobre la que se trabaja en Bruselas, y ha pedido que la transposición de la misma se haga estableciendo el plazo mínimo necesario para los fines propuestos.

En relación a la discapacidad, este colectivo de fiscales ha llegado a la conclusión de que los poderes públicos deben adoptar una acción decidida para la normalización de las personas con discapacidad, para que puedan acceder en igualdad de oportunidades a la educación, el empleo, a los entornos físicos, a la tecnología y otros servicios, y exige la revisión del procedimiento de incapacidad.