2014 La ONU condena a España

El Estado español tiene una responsabilidad pendiente. Reconocer los errores que cometió en el caso de esta mujer, por los que su exmarido terminó asesinando a su hija

Violencia machista Reparación del daño para Ángela González

El caso de Ángela González es el ejemplo de todo lo que puede fallar en la justicia española cuando se trata de proteger a los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia de género. Su historia comienza en el año 1999, cuando aún ni siquiera existía la Ley contra la Violencia de Género. Ese año Ángela decidió proteger a su hija Andrea, de tan solo 3 años de edad, y huir de la terrible violencia que su pareja ejercía contra ambas. Lo que no sabía es que su agresor iba a seguir teniendo derecho a ver a la niña.

Durante tres años, Ángela consiguió que las visitas estuvieran supervisadas por los servicios sociales, ya que temía que, si el padre se quedaba a solas con la niña, pudiera hacerle daño con el objetivo de dañarla a ella. Él mismo le había amenazado varias veces con hacerlo. Sin embargo, una jueza decidió que no había ningún problema en que esas visitas se realizaran sin supervisión. Ángela emprendió todas las acciones legales posibles para tratar de evitarlo, pero la justicia española no la escuchó. Como consecuencia, en una de esas visitas sin supervisión su agresor asesinó a su hija y después se suicidó. La niña tenía 7 años.

Cuando nueve años después el caso de Ángela llegó a nuestra organización, Women’s Link Worldwide, Ángela ya había agotado todas las vías judiciales en España, sin conseguir que el Estado asumiera su responsabilidad en el asesinato de su hija. Junto a ella, decidimos presentar su caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas.

En el año 2014, este Comité, en una decisión histórica, le dio la razón a Ángela y condenó a España a repararla por no haber protegido ni a ella ni a su hija. Además, dictó una serie de medidas que suponían una excelente hoja de ruta para que el Estado mejorara la protección de las mujeres y sus hijos e hijas frente a la violencia de género.

Entre otras medidas, proponía que siempre se tengan en cuenta los antecedentes de violencia de género cuando se determinan la custodia y los regímenes de visita. También indicaba que jueces y juezas deben recibir formación obligatoria para que conozcan cómo funciona la violencia de género y sepan reconocer los estereotipos de género, como los que provocaron que nadie creyera a Ángela cuando advertía del peligro que corría su hija.

El dictamen fue todo un logro. Era la primera vez que un organismo internacional condenaba al Estado español por un caso de violencia de género. Además, puso en el centro del debate cómo los prejuicios en la justicia pueden tener consecuencias fatales en la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas. Y visibilizó la necesidad de anteponer la seguridad de los niños y niñas a los derechos de visita de los padres maltratadores.

A día de hoy el Gobierno sigue resistiéndose a implementar las medidas, excusándose en argumentos como que los dictámenes de la ONU no son de obligado cumplimiento. Mientras, desde 2014, al menos otros 15 niños y niñas han sido asesinados por maltratadores. Si se hubieran aplicado estas medidas, quizá alguno de estos asesinatos podría haberse evitado.

Pese a la inacción del Gobierno, es imposible no ver la enorme repercusión que el caso de Ángela González ha tenido ya en la sociedad española. Se puede sentir su influencia en las medidas propuestas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en las reivindicaciones de las organizaciones que exigen que los padres maltratadores no tengan derechos de custodia y visitas. Este sentir colectivo es, sin duda, uno de los grandes éxitos que se consiguieron con el dictamen de la ONU en el año 2014.