2004 Protegidas por la ley - Entrevista

Violencia machista Bárbara Tardón: "El Gobierno sigue sin considerar la violencia machista como cuestión de Estado"

Tardón es contundente y directa en su lenguaje, porque así lo demanda la realidad que lleva investigando desde hace años. Experta en Violencia de Género y Derechos Humanos, es Doctora en Estudios Interdisciplinares de Género. En los últimos 15 años ha trabajado para organizaciones nacionales e internacionales como responsable de área o coordinadora de proyectos en las áreas de violencia de género, prostitución e incidencia política. Actualmente es consultora para organizaciones como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo o el Consejo de Europa. 14 años después de la Ley de Violencia de Género, reconoce sus logros pero no repara en señalar aquellos puntos que quedan aún por resolver.

¿Hasta qué punto esta ley ayudó a las víctimas de maltrato? ¿Se sienten protegidas por ella?

Ha supuesto un antes y un después en la historia de este país, en el marco de la protección y garantía de los Derechos Humanos de las mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género. También en la visibilización de la violencia machista como una vulneración de derechos humanos sistémica y normalizada. Gracias al movimiento político feminista y a todas las compañeras que lucharon porque así fuera, el Estado asumió "teóricamente" la responsabilidad innegociable que le compete en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres. El problema es que cambiar un sistema y una ideología como es la patriarcal, anquilosada desde hace cientos de años, con una ley, es una labor imposible sin no existe un compromiso firme y real. La Ley 1/2004 ha abierto un abanico de posibilidades, pero el propio sistema patriarcal, la estructura que lo sustenta y sus responsables ideológicos impiden que se aplique debidamente. Todo ello ha supuesto que muchas víctimas y supervivientes ni se sientan respaldadas, ni confiadas en que se las proteja. Al contrario, experimentan verdadero pavor cuando imaginan lo que puede implicar dar el paso y denunciar a su agresor. Abrir la puerta del sistema judicial se sigue percibiendo como la entrada al infierno. La realidad es que la ley no se está implementando como corresponde y los derechos de las víctimas siguen sin ser protegidos.

¿En qué medida se pudo aplicar esa ley?

La implementación de la norma no se ha producido totalmente por múltiples motivos, relacionados no sólo con la falta de compromiso político para su aplicación, también con toda una estrategia ideológica dirigida a dinamitar los distintos organismos e instituciones que pueden permitir su efectivo cumplimiento. El Gobierno sigue sin considerar la violencia machista como cuestión de Estado, como un grave problema de Derechos Humanos. Por ejemplo, el presupuesto destinado a su implementación sigue siendo un insulto, descendiendo en los últimos años a través de recortes presupuestarios y también a la aprobación de leyes regresivas, como el Real Decreto Sanitario 16/2012 o la Ley de Extranjería. Afectan no sólo a las mujeres, a sus hijos e hijas, también a profesionales, instituciones o recursos que deben ponerse en marcha para poder combatirla. Mis compañeras psicólogas, juristas, trabajadoras sociales o educadoras salvan vidas pero, sin embargo, tal y como denunciábamos varias ONG este año, es una absoluta vergüenza que el presupuesto para violencia de género sea de 31,7 millones, mientras que el de material de oficina sea de 152 millones. El dato es demoledor y es la metáfora perfecta de lo que supone la violencia de género para este Gobierno.

¿Es una ley que, en parte, tiene aspectos que se han quedado solo en el papel?

No soy capaz de establecer un cálculo. No creo que únicamente se pueda decir que se haya quedado en papel, pero tengo muy claro lo que no se ha aplicado y sigue sin considerarse prioritario. Es importante recordar que la ley no sólo desarrolla medidas penales, sino que establece un sistema de prevención y asistencia integral, fundamental para garantizar los derechos de las víctimas y supervivientes. Hay comunidades autónomas que han desarrollado una red pública de asistencia con grandísimas profesionales que son pilares fundamentales para prevenir la violencia machista, pero sobretodo para asistir y acompañar a todas las mujeres que ni quieren, ni pueden denunciar a su agresor o para las mujeres que deciden dar el paso y denunciar. El problema es que el sistema judicial no deja de fallar y el resto de medidas no se han desarrollado como debería ser, especialmente aquellas dirigidas a los medios de comunicación y al ámbito educativo. Los mismo sucede con las que establece la intervención con agresores. A todo ello se une los graves recortes presupuestarios que han incidido directamente en la calidad de los servicios de atención, en la reducción del número de profesionales disponibles para acompañar a las mujeres y a sus hijos e hijas y en el resto de medidas que siguen siendo tangenciales y no prioritarias . Y si además, ni existe compromiso político, ni una verdadera disposición más allá de las palabras, nos encontramos con una ley transcendental llena de fisuras.

Esta ley incluso fue rechazada por algunos jueces, que la tachaban de discriminatoria para los hombres y parte de la sociedad lo sigue considerando así. ¿Cómo convencería de que no lo es?

A estas alturas de la película no tengo que convencer sobre los efectos diferenciados del sistema patriarcal en la vida de las mujeres y de los hombres, y el hecho incuestionable de que la violencia machista es una forma de discriminación. Ante la negativa de "algunos" magistrados y, sobretodo, ante la agotadora batalla que lideran grupos de machistas deseosos de seguir manteniendo sus privilegios, lo único que puedo esgrimir es que lean los informes de las relatoras de Naciones Unidas, lean las observaciones del Comité CEDAW, lean la amplia jurisprudencia que hay sobre violencia de género a nivel internacional de organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de los Tribunales Penales Internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lean a juristas feministas. Pero más allá de todas las lecturas que aconsejaría, teniendo en cuenta lo complicado que es que el derecho entable conversación con otras disciplinas como la historia, la antropología, la filosofía, la psicología o la sociología para entender porque esta ley no es discriminatoria, el argumento final es que lean lo que avalaron sus colegas del Tribunal Constitucional, votando a favor de la constitucionalidad del artículo 153.1 del Código Penal.

¿Existe realmente una formación de género en los numerosos agentes que están implicados en su puesta en marcha?

La formación en género sigue siendo residual, aunque en algunos casos sea obligatoria. La formación no puede limitarse a los jueces y juezas de los Juzgados de Violencia, ni a las fiscalías especializadas. La formación tiene que ampliarse a todos los operadores jurídicos que en algún momento del proceso van a estar en contacto con la mujer, con los hijos y las hijas. Es especialmente preocupante los numerosos estereotipos de género que sigue aplicando el sistema judicial en los casos de violencia de género, lo que demuestra que esa formación sigue siendo deficiente. A mí me inquietan mucho algunas actitudes negligentes de otros profesionales que están también dentro del sistema judicial y que tienen que emitir informes claves para las mujeres, como son los psicólogos y psicólogas forenses. Por supuesto que además de la formación teórica tiene que existir una capacitación adecuada para saber implementar esos aspectos. Por ejemplo, las actitudes personales que entablan los equipos de los juzgados van a determinar también los efectos de la revictimización. Acudir a un juzgado es sumamente difícil y complicado. Y en muchas ocasiones no se cuidan aspectos básicos que van desde cómo dirigirse a una mujer cuando esta esperando a entrar en sala, así como los lugares de espera, el acompañamiento psicológico, etc… Es decir, todos sus derechos procesales. Es inaudito que una mujer tenga que acudir a un juicio y se encuentre en la cola de acceso al juzgado a su propio agresor y que nadie haga nada para remediarlo.

En la ley se habla del papel de la educación, la cultura, los medios o la publicidad. ¿Se ha cumplido lo que se pedía?

Creo que esta es una de las áreas más desatendidas y sobre las que, de forma inmediata, habría que trabajar. No se va a conseguir combatir la violencia machista si únicamente intervenimos cuando los casos han sucedido. Tenemos que ir a la raíz del problema y para ello hay que desmontar los cimientos que justifican el ejercicio de la violencia directa. La escuela juega un papel central en todo ello. En cuanto al tema de los medios de comunicación y el de algunos programas de televisión también es especialmente grave. La idea no es cuestionar el derecho a la libertad de expresión y de información, es establecer los límites éticos entre la libertad de información y el ejercicio responsable de la libertad de prensa e información, del entretenimiento. Igual que un periodista no puede hacer propaganda política cuando trabaja para una televisión pública, tampoco puede ser cómplice de toda esa violencia simbólica machista y patriarcal que justifica la violencia directa. Al final los medios y la publicidad son colaboracionistas.

¿Qué problemas ocasionó que esta violencia solo tuviera reconocimiento para parejas o ex parejas?

El principal problema subyace en el hecho de que los derechos de las víctimas y supervivientes de violencia sexual fuera del entorno de la pareja o expareja no están igualmente protegidos, ni garantizados. En la práctica eso se traduce en una invisibilización de la violencia sexual y constante normalización de su ejercicio, a la inexistencia de recursos especializados de atención, a la ausencia de protocolos de actuación y acciones dirigidas a prevenir la violencia sexual en todos los ámbitos. No sé por qué se limitó a ello, pero intuyo que desarrollar una ley que abarcara todas las violencias machistas era inasumible económicamente y políticamente en ese contexto. Además cuando se aprueba la ley, las violencias sexuales han desaparecido de la agenda política feminista. Entre los años 90 y hasta aproximadamente 2015 la lucha contra la violencia sexual pasa a un "quinto" plano y los esfuerzos se centran en la violencia en el entorno de la pareja o expareja.

¿La denuncia resuelve todo?

Hay mujeres que incluso con una denuncia no están siendo protegidas, de hecho algunas están siendo asesinadas. Con lo cual, en este momento no podemos decir que una denuncia sea una garantía de protección. Lo que es cierto es que cuando se denuncia y la denuncia es favorable, hay algunas medidas que pueden favorecer la protección. La realidad es que la mayoría de las mujeres no van a denunciar nunca al maltratador, con lo cual, más allá de la denuncia, el Estado tiene que poner a disposición de las mujeres todos los medios para que su seguridad, protección y el resto de derechos, no dependa de una denuncia y de la judicialización del caso.

¿Qué asignatura pendiente le queda a esta ley?

Presupuestos dignos y adecuados a una ley de esta trascendencia, implementación de las medidas preventivas, evaluación de la norma, especialización del sistema judicial y ampliación de la norma a otras formas de violencias de género.

¿Cree que esta ley contribuyó a convencer a la sociedad sobre la violencia de género o aún no existe el suficiente rechazo social ante ella?

Sí que creo que esta ley ha sido un instrumento de sensibilización importante para politizar y visibilizar la violencia de género como una grave vulneración de Derechos Humanos intrínseca y sistémica en nuestra sociedad. El rechazo sigue siendo aún muy residual y siempre permanece una duda patriarcal sobre los márgenes de lo que es la violencia machista que, sin embargo, las feministas los tenemos claramente definidos, sin fisuras. Pero insisto, no podemos cambiar una ideología de siglos y siglos en 14 años. Frente al patriarcado violento y asesino hay que estar preparadas y no bajar nunca la guardia. Y lo que tengo claro es que una ley no va desmembrar toda una estructura de poder anclada en la sociedad y en todas las instituciones con las que convivimos desde el origen del tiempos.