2014 es un año importante en la lucha contra la violencia machista y, en realidad, en el feminismo, al ratificar España el Convenio de Estambul. El Convenio, aprobado por el Consejo de Europa, supone el primer mecanismo vinculante en Europa para "proteger, prevenir, perseguir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres", una violencia que han experimentado más de 62 millones de mujeres en Europa.

La violencia que reconoce el tratado va desde lo que conocemos por maltrato o violación, hasta el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina o la trata de mujeres. El Convenio se dirige no sólo contra la violencia real (que exige combatir con duras penas judiciales) sino contra toda forma de discriminación sobre las mujeres. Lo que supone un verdadero cambio es que se reconoce que la violencia machista supone una violación de los derechos humanos de las mujeres y, por tanto, son los estados los responsables no sólo de proteger a las víctimas y perseguir y castigar a los culpables, sino también de resarcir a aquellas del daño causado. Lo que marca un antes y un después en la lucha feminista es que se reconoce explícitamente que la violencia machista es consecuencia de la situación de desigualdad estructural en que nos encontramos las mujeres y se exige a los estados combatirlo.

En el momento en que España ratifica el Convenio de Estambul nuestro país ya disponía de herramientas legales importantes para combatir la violencia y la desigualdad, aunque algunas de ellas necesitaban una reformulación, como por ejemplo, la no consideración de violencia machista de aquella que se produce fuera del ámbito de las relaciones con parejas o exparejas. Pero lo importante es que se ratifica en un momento en el que las políticas del Partido Popular estaban vaciando de dinero y de contenido las políticas de igualdad. El Convenio proporcionó al feminismo un plus de legitimidad en la lucha contra la violencia y la desigualdad y al introducir mecanismos de valoración del grado de cumplimiento de las políticas, también proporcionó una herramienta legal para presionar al gobierno e instancias a las que acudir en caso de incumplimiento.

La realidad a día de hoy, y como ocurre con otros muchos tratados internacionales, es que el Convenio no se cumple en su mayor parte; lo positivo es que aunque no se cumpla, su mera existencia permite denunciar su incumplimiento.