La LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dio visibilidad a una violencia machista que, hasta entonces, se encontraba oculta en el ámbito doméstico con la complicidad de autoridades e instituciones. Sin embargo, trece años después, aún no constituye una prioridad de interés público. A pesar de las miles de víctimas (no solo las asesinadas), los minutos de silencio, y el denominado "Pacto de Estado", tan lleno de medidas (213) como carente de obligatoriedad, ya que – hablemos claro- se ha aprobado por el Congreso, pero no es una ley.

En la actualidad hay consenso político y social en que la concepción de la violencia de género limitada a la pareja se ha quedado corta. Tenemos pendiente una reforma, ya acuciante, de la LO 1/2004, para extender el tratamiento integral y especializado a toda forma de violencia sobre la mujer. Incluir como mínimo lo firmado en el Convenio de Estambul: matrimonios forzados, mutilación genital, trata y delitos sexuales. También los delitos contra las hijas e hijos que de forma mediata son contra la mujer y la golpean "donde más duele". Son víctimas, conforme a la Ley 4/2015, pero no incluidas en la LO 1/2004. Yo añadiría extender la valoración del riesgo de violencia en el ámbito forense para los delitos de sustracción y abandono de menores o personas con discapacidad, y en los procesos civiles de restitución, incluida la internacional a los efectos del artículo 13 del Convenio de la Haya de 25.10.1980. Eso evitaría situaciones como la de Juana Rivas.

Sí, hay algunas cosas que cambiar en las leyes, y sobre todo en su aplicación: falta algún tipo específico de ciberdelincuencia de género, como la suplantación de identidad en internet, a menudo anunciando a la ex pareja como prostituta, que consigue que sean terceros quienes acosen a la víctima. Hay que cuestionarse la aplicación de la atenuante de confesión, muy común en sentencias condenatorias, cuando subyace jactancia y justificación, conforme a una pauta cultural que aún está vigente en nuestra sociedad patriarcal. Creo que en la situación actual hay que suprimir la dispensa de declarar en contra del acusado del artículo 416 de la LECrim, cuando es la familia la víctima de estos delitos. Pero no haría tanta falta si la denuncia no fuera la única vía de acceder a la protección.

Aunque el sistema penal fuera perfecto, y desde policía hasta juzgados pasando por equipos de valoración, tuviéramos los medios, la formación especializada y la perspectiva de género necesarias -panorama muy alejado de la realidad- hay que cambiar la idea de que la violencia machista es única o primordialmente un problema penal, y buscar ahí la solución. Porque ahí no está.

La violencia machista es un problema social que concierne a toda la ciudadanía y a todas las políticas públicas: educación, sanidad, servicios sociales. Eso ya lo preveía la LO 1/2004, y se reitera en el "Pacto de Estado", pero los propios gobiernos que incumplían sus deberes desviaban todas las miradas al Poder Judicial, pese a su demostrada ineficiencia para combatirla. Es una paradoja cruel que guarden un minuto de silencio las autoridades que, ante la demanda de más medios y políticas integrales, dan la callada por respuesta. O los recortes.

Es evidente que necesitamos una política educativa específica, en todos los niveles formativos. La única solución contra el machismo es la educación en igualdad. En sanidad, la atención primaria podría desarrollar un papel esencial de detección de violencias machistas si no tuviera contabilizados los minutos que puede dedicar a cada paciente. Y qué decir de una política social orientada a combatir esta violencia.

En esta perspectiva integral pierde valor la denuncia, la responsabilidad de visibilizar la violencia deja de recaer sobre las propias víctimas, y su protección no dependerá de la policía y la jurisdicción penal. Podemos proteger sin denuncia, con otros instrumentos de detección de la violencia, en los ámbitos educativo, sanitario, social, familiar, laboral. Podemos crear unidades de valoración fuera del ámbito forense, en otras administraciones más cercanas y con mejores medios personales y materiales. Adelantar la protección; permitir a las víctimas, con una garantía habitacional -para ellas y sus hijas e hijos, u otros familiares dependientes- un período de reflexión y restablecimiento que no dependa de la denuncia, y paliar su dependencia del agresor a todos los niveles, es un paso esencial para que aflore la cifra oculta de la violencia machista, el resto del iceberg. La punta son las asesinadas en estos 13 años; su base son muchas más víctimas, aún vivas, que comprueban cada día que no son una prioridad. Es nuestra responsabilidad colectiva que no pasen de ser una realidad silenciada a ser un minuto de silencio.