2017 Caso Juana Rivas

A pesar de que Juana y sus hijos eran víctimas de violencia de género, su lucha por protegerlos de un padre condenado por malos tratos nunca se tuvo en cuenta.

#JuanaEstáEnMiCasa

Los avances en las leyes de protección a la infancia conseguidos en los últimos años para casos de violencia de género se pusieron a prueba en el caso de Juana Rivas… y fallaron estrepitosamente. Precisamente porque no se aplicaron. Más que la legislación en sí, lo que las expertas resaltan es que los jueces y las juezas, los fiscales, los psicólogos, los operadores jurídicos en su conjunto, desconocieron partes clave de la legislación vigente en materia de género.

Tal y como reconocen muchas juristas, las normas estaban previstas para poner en marcha toda una serie de medidas que permitieran al Estado proteger de forma efectiva a las víctimas. Sin embargo, la lucha de Juana Rivas para proteger a sus hijos de un padre condenado por malos tratos en 2009 y contra el que Rivas había interpuesto una nueva denuncia por malos tratos psíquicos y físicos continuados en noviembre de 2016 (cuando ya se encontraba en Granada), no ha sido siquiera tenida en cuenta dentro del proceso judicial, a pesar de que tanto ella como sus hijos tenían la condición de víctimas de violencia de género.

La denuncia que Rivas interpuso contra su expareja, Francesco Arcuri en julio de 2016 nunca fue tramitada. El juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Granada decidió archivarla "por falta de jurisdicción de este órgano judicial para el conocimiento de los hechos", puesto que estos ocurrieron en Italia.

Debido a estas actuaciones, representantes de 70 colectivos y plataformas feministas (que engloban a cientos de organizaciones) presentaron en diciembre de 2017 sendas quejas ante el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y la Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Exigían una investigación en profundidad de los fallos que se cometieron en este caso y la necesidad de depurar responsabilidades. Consideran que el archivo de la denuncia de Rivas vulnera el artículo 17 del Estatuto de la Víctima del Delito, que obliga a remitir "inmediatamente" la denuncia presentada "a las autoridades competentes en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos" en caso de que las autoridades españolas entiendan que no tienen jurisdicción.

Sin embargo, no fue hasta más de un año después de presentada la denuncia, en agosto de 2017, cuando el ministerio de Justicia ordenó traducirla y enviarla a Italia. Para las organizaciones, esta omisión provocó "una clara situación de indefensión para Rivas y para sus hijos que marcó todo el devenir del proceso posterior en el que se halla inmersa".

El caso de Rivas generó una amplia movilización social. Las redes estallaron en un mensaje de apoyo al conocerse que Juana había huido con sus hijos en julio en un intento de impedir que estos fueran entregados a su expareja, y de evidenciar las irregularidades que se estaban produciendo en la protección superior de los menores. #JuanaEstáenMiCasa inundó las redes y salió a la calle, generando un movimiento de solidaridad sin precedentes.

En la actualidad, el caso de Rivas está siendo juzgado en un tribunal italiano que tendrá que decidir sobre la custodia de los menores. La denuncia de Rivas contra Arcuri en 2016 nunca ha llegado a ninguna instancia judicial italiana ni española más de año y medio después de ser presentada. Y el ministerio de Justicia no ha sido capaz de explicar dónde está.

En febrero de este año, el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por las organizaciones feministas. Entiende que existen indicios de irregularidades y ha pedido al ministerio fiscal más información sobre el caso.