Los años 80 fueron en los que se alumbró el Instituto de la Mujer (1983) y las primeras casas de acogida (1984). La intervención social de abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas que afrontaban la cuestión desde una perspectiva feminista y no asistencialista, se vio impulsada por la reforma fiscal que permitió financiar los programas de organizaciones no gubernamentales.

Las aportaciones de diferentes federaciones, ONGs o fundaciones desvelaron las contradicciones del sistema. Los parámetros del activismo de la Red Feminista se fijaron en hacer pedagogía social sobre la situación de miles de mujeres y buscar la complicidad de los partidos políticos para que hiciesen suya la reivindicación.

En aquellos años hubo que explicar que la violencia contra las mujeres no solo es el golpe, sino cada uno de los actos restrictivos y coactivos utilizados para controlar a las mujeres. Ese “activismo pedagógico” permitió aposentar la exigencia de que el Estado tiene la obligación de impedir, y castigar los delitos inherentes a la violencia contra las mujeres.

Aun así, el primer intento de legislar fue tumbado. El 10 de septiembre de 2002 la mayoría parlamentaria del Partido Popular, dio un NO rotundo a tramitar una Ley Integral. Hubo que esperar a que Zapatero gobernase para que su promesa de una legislación integral fuese una realidad. Y se marcaron los cinco parámetros que dieron integralidad a la ley: las medidas preventivas, las destinadas a garantizar la seguridad de las víctimas, las de justicia, las enfocadas a reparar el daño y las de evaluación y seguimiento.

Todo comenzó a andar, pero la llegada del PP al gobierno en el año 2011 supuso el debilitamiento de los apoyos a toda la estructura profesional encargada de la prevención, la seguridad, la justicia y la reparación del daño. Fue de facto, la ruptura de los consensos alcanzados. Ahora se trata de apuntalar lo conseguido y tener así la base que impulse lo mucho que nos queda por hacer.