Desde aquellas elecciones generales de 1977 en las que 21 mujeres accedieron a un escaño en el Congreso, a las del 26 de junio de 2016 en que lo lograron 139, tuvieron que pasar 39 años y mucho empuje del movimiento feminista para que viese la luz, hace once años ya, la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Una ley que, conviene recordar, no fue ajena a duras críticas desde algunos sectores y partidos. Cabe señalar que el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional esta Ley alegando que la paridad en las listas electorales atentaba contra la “libertad de ideología” y el “pluralismo político”, recurso que fue desestimado por el Alto Tribunal que avaló esta norma con el voto favorable de once de sus doce miembros.

La respuesta de la ciudadanía no podía estar más alejada de esa reacción de los sectores más conservadores. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, un 80% de las españolas y españoles apoyaban esta ley. También los organismos internacionales mostraron su apoyo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas felicitó a España por esta iniciativa en su informe del año 2009.

La ley acababa, en principio, con un sistema de cooptación patriarcal en las listas que favorecía la presencia masculina en detrimento de las mujeres obligando al equilibrio del 60%-40% en cada tramo de cinco candidatos y candidatas. Sin embargo, nada se garantizaba en lo relativo a quien encabeza las listas, a la composición del Gobierno, a la organización de los parlamentos…y tampoco debemos olvidar que las mujeres constituyen más del 50% de la población española y aún hoy, que ocupamos el 39% de los escaños, se está lejos de alcanzar esa proporción.

Pero esta norma que no solo afectaba al ámbito de la participación política también, y entre otros, a los medios de comunicación, al sistema de salud, a la educación, al ámbito laboral y empresarial…y posiblemente, este último, sea uno de los espacios donde más resistencias se han encontrado a su aplicación, ya que menos de un 13% de las empresas cumple con la Ley de Igualdad.

Hoy, once años después de su aprobación, esta Ley parece ser papel mojado a pesar de que todavía existen numerosas barreras culturales, económicas o políticas, formales e informales, que dificultan la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Una presencia que es clave para que se tenga en cuenta a las mujeres en el diseño de una agenda pública plural e inclusiva y no solamente masculina.

Porque, como ya se señaló en la Conferencia de Beijing de 1995, "la potenciación del papel de la mujer y la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz".