En enero de 1994 un grupo de feministas procedentes de diferentes ámbitos fundamos el Lobby de Dones de Mallorca y en nuestra carta de presentación, que sigue vigente en todos sus contenidos y matices, decíamos y decimos: "Nos constituimos como lobby y asumimos que somos un grupo de presión con todo lo que eso implica, pero, una vez más y desde la óptica de las mujeres, los conceptos designan actitudes y objetivos diferentes".

El tema recurrente era la violencia de género. La cuarta Asamblea Mundial de las Mujeres de Beijing de 1995, y su plataforma de acción, ofrecía un marco de referencia fundamental. En el Estado español habíamos vivido la tremenda noticia del asesinato de Ana Orantes a finales de 1997, a manos de su ex pareja, pocos días después de que esta valiente mujer explicara su dolorosa experiencia en un programa de televisión. El impacto del caso fue tal que lo podemos considerar como un punto de inflexión en el tratamiento mediático del tema como en la toma de conciencia, más o menos colectiva, de la gravedad y urgencia de tomar medidas frente a un problema social de dimensiones insoportables para un sociedad que se quiera considerar democrática.

El movimiento feminista mundial venía clamando contra esta lacra desde hacía tiempo, pero costó mucho que pasara de ser considerada una cuestión privada a un problema social de primer orden, y por tanto que interpelara a los diferentes Estados para que tomaran cartas en el asunto de manera decidida y efectiva.

En Palma, en pocos meses, se produjeron dos asesinatos. En junio de 1994 murió Juana García, una mujer de 30 años a quien su ex marido roció con gasolina y prendió fuego. Fue nuestro primer duelo como colectivo. Convocamos una manifestación (la primera de una larga serie hasta noviembre de 2016, cuando fue asesinada Celia Navarro) para exigir medidas de protección hacia las mujeres víctimas de la violencia de género y también ejercimos la acción popular en el juicio.

La noticia de que Isabel Saura, de 24 años, había muerto abrasada con gasolina a manos de su compañero, Miguel Pujol, ensombreció la víspera de Reyes de 1995. En aquella ocasión editamos un folleto explicando las circunstancias que rodean a las mujeres maltratadas y también ejercimos la acción popular.

En las reuniones que mantuvimos a partir de entonces, dábamos mil vueltas a las diferentes acciones que podíamos llevar a cabo para aportar nuestro grano de arena en la lucha compartida contra la violencia de género, en una sociedad a la que le costaba despertar del larguísimo letargo y ceguera voluntaria frente a la realidad.

En este contexto alguien dijo: "¿Y el defensor del pueblo?" Ninguna de nosotras tenía muy claro ni para qué temas estaba pensada esta institución, que también era joven, ni como se podía llegar a ella, ni si tendría utilidad el esfuerzo, pero decidimos que valía la pena intentarlo. Así que, junto con las compañeras abogadas, nos pusimos manos a la obra. Mandamos la petición de amparo, la argumentamos lo mejor que supimos e hicimos pública la acción emprendida.

Era el año 1997. Todavía faltaban 7 años para que se aprobara la Ley Integral y el Lobby de Dones tenía tres años de vida y una implantación en la sociedad balear de cierta importancia. La voz de las compañeras feministas era tenida en cuenta en aquellos foros más progresistas y algunos medios de comunicación nos daban espacio para el debate, la reflexión y el análisis.

Cuando llegó la notificación de que se estudiaría nuestra petición por parte de esta institución y que se abriría un exhaustivo trabajo de investigación en todo el territorio español, tuvimos la respuesta a nuestras dudas: el esfuerzo había valido la pena, era un ocasión de oro para que por primera vez se diera visibilidad y protagonismo a un problema que acarreaba la muerte violenta de más de 70 mujeres al año, más todas las que , sin llegar a este dramático final, sufrían daños físicos y psicológicos, humillaciones, vejaciones, golpes, amenazas...por parte de quien decía que las amaba. Algunas denunciaban, otras muchas ni se atrevían , o peor aún, ni sabían que podían hacerlo, y otras tantas ponían fin a sus vidas de manera callada, de estas últimas nunca hemos tenido las estadísticas.

Así, con el trabajo del movimiento feminista, nació el primer informe de violencia doméstica por el Defensor del Pueblo. Cuando lo vimos nuestra primera impresión, en su momento, fue satisfactoria porque era muy exhaustivo para ser la primera vez que se profundizaba en ello y, al menos, contenía recomendaciones a instituciones y comunidades autònoma, algo que para nosotras era fundamental. Pero a la vez también nos sorprendió el reconocimiento de falta de datos fiables, la disparidad entre instituciones y la pervivencia en el informe de ciertos prejuicios sobre la violencia hacia las mujeres, esas falsas ideas que han pesado tanto. Se hablaba de factores como alcoholismo o pobreza, que la realidad y la propia lucha del movimiento feminista han logrado desmontar y desmentir. Aquel fue un primer paso que consideramos fundamental para llegar hasta hoy. Con el tiempo hemos visto cómo muchas de sus recomendaciones se tuvieron en cuenta en la elaboración de la ley Integral y otras están pendientes todavía, como la necesidad de formación o las responsabilidades de la administración. Aún nos queda tarea por hacer.