2010 La mujer decide

Aborto libre La polémica ley de plazos

En aquel momento, Bibiana Aído ejercía como ministra de Igualdad; Trinidad Jiménez, de Sanidad; Leire Pajín era la secretaria de Organización del PSOE y Francisco Caamaño ministro de Justicia. Fue el núcleo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que sacó adelante la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la llamada Ley de plazos que llegaba para sustituir a la aprobada por el ejecutivo de Felipe González en 1985.

Pese a que numerosos colectivos feministas la consideraron insuficiente, la nueva normativa venía a ampliar significativamente la del 85, en la que se contemplaba el aborto en "tres supuestos": violación, riesgo para la salud de la madre y posibilidad de malformaciones en el feto. Para empezar, la de 2010 ofrecía autonomía total a la mujer para abortar durante las 14 primeras semanas de embarazo –sin necesidad de informes médicos o policiales–, y hasta la semana 22 en el caso de existir peligros para la integridad de la madre o malformaciones en el feto.

El punto más polémico de la ley fue el que permitía a las menores de 16 y 17 años abortar sin informar a sus progenitores en el caso de que eso supusiera "un peligro cierto de violencia intrafamiliar amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo". Aquello soliviantó al Partido Popular, a Unió Democràtica de Catalunya y a ciertos sectores de Convergència. Todas las asociaciones pro vida y católicas, evidentemente, pusieron el grito en su cielo. Sin embargo, las críticas más ácidas, y mejor aprovechadas por la derecha, les llegaron desde dentro del propio PSOE.

Alfonso Guerra, en una entrevista con el diario ABC, llamó a aquel grupo "la guardia pretoriana de feministas radicales no muy brillantes" del presidente Zapatero. Aquel "feministas radicales no muy brillantes" resultó madera para el fuego de los conservadores. Y por si no había suficiente leña, Guerra añadió haber realizado "una especie de encuesta en el Grupo Parlamentario" según la cual "nadie estaba de acuerdo" con la nueva ley. El entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, afirmó: "Soy padre y no concibo que si mi hija estuviera en ese supuesto no se comunicara con su madre o conmigo" El ministro de Fomento de la época, José Blanco, insistió en la misma idea al afirmar su rechazo a que su hija "estuviera en unas circunstancias de tener que interrumpir el embarazo y no lo consultara conmigo". José Antonio Pérez Tapias, diputado, añadió que "una chica de 16 años no tiene la madurez ni la autonomía suficiente para asumir y llevar en solitario esa decisión; y esto que digo lo piensan muchos ciudadanos que están a favor de la ley del aborto".

La Ley aprobada en 2010, en su artículo 18, Garantía del acceso a la prestación, asegura: "Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del (…). Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud". Y añade que "se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan". Sin embargo, el su artículo 19, Medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud, se aprueba el derecho de los profesionales sanitarios para "ejercer la la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia". A este punto se han aferrado numerosos facultativos para no realizar abortos.

De hecho, desde la organización internacional Women’s Link se denuncian año tras año numerosos casos de mujeres en España que deben desplazarse kilómetros, de una comunidad autónoma a otra, porque los servicios públicos de Salud rechazan atenderlas en la Comunidad que les corresponde.

Los datos, hoy, demuestran que la aplicación de la Ley de plazos del Gobierno de Zapatero dista mucho de aplicarse efectivamente, y así lo han denunciado tanto numerosas ONGs como las Naciones Unidas. En 2015, el 88% de los abortos, o sea la inmensa mayoría, se realizaron en centros privados. Sirva como ejemplo la Comunidad de Murcia, donde la sanidad pública realizó un único aborto, frente a los más de 3.000 llevados a cabo en la privada.