No conozco mayor acto de violencia cultural en una democracia que violentar los derechos adquiridos. Si trasladamos este enunciado general al caso específico de los derechos reproductivos de las mujeres, comprobamos que a determinadas élites políticas no parece importarles subastar los derechos de las mujeres para satisfacer demandas religiosas o por un puñado de votos.

Me refiero, con ello, tanto al intento del PP, en un lejano 20 de Diciembre de 2013, de derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como a la más cercana pretensión del partido político Ciudadanos de regular favorablemente la práctica del "alquiler de vientres" hoy día. La prohibición de abortar para las mujeres o la posición favorable a regular positivamente la práctica del alquiler de vientres son la cara y la cruz de la misma moneda en la que las mujeres somos consideradas "meras portadoras" sin derecho alguno.

Contra la pretensión del Gobierno del Partido Popular de derogar la "ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo" se conformó en este país, con el nombre de "el tren de la libertad", un movimiento de defensa de los derechos sexuales y reproductivos que culminó el 1 de febrero de 2014 con una multitudinaria manifestación en Madrid pidiendo la retirada del anteproyecto de ley del aborto presentado por el Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón y reclamando, además, su dimisión.

La movilización del tren de la libertad fue y sigue siendo considerada como la mayor manifestación feminista de la historia de España y nos dejó como enseñanza impagable que los argumentos feministas en defensa de los derechos reproductivos de las mujeres habían trascendido el marco feminista para asentarse como derechos de ciudadanía y, por lo tanto, defendidos por decenas de miles de personas.

Hoy, cuatro años después, y ganada, confío en que definitivamente, la batalla del aborto, comprobamos como el fenómeno de la explotación reproductiva de las mujeres se cuela de nuevo en nuestras vidas en forma de defensa de la práctica del "alquiler de vientres" Los argumentos que nos han servido a las feministas para defender el aborto han de ser utilizados también para posicionarnos en contra de la práctica del "alquiler de vientres" Si como feministas estamos en contra de una maternidad impuesta o forzada, también debemos estar en contra de una maternidad estipulada por contrato: en ambos casos se ejerce coerción sobre las mujeres y se explota su cuerpo. Las mujeres ni debemos ni podemos estar sometidas a tratos degradantes, injerencias arbitrarias, tutelas coactivas o contratos abusivos cuando nos quedamos embarazadas.

Cuando, por el contrario, se pretende legislar en consonancia a una creencia religiosa o para dar satisfacción a deseos, más o menos caprichosos, de terceras personas, las mujeres perdemos nuestros derechos. Derechos y creencias religiosas no son lo mismo y tampoco es lo mismo derechos y deseos y si algún representante o partido político promueve este género de confusión podemos dar por cierto que tiene en poca estima los derechos de las mujeres.