Justicia

“Necesitamos una reforma constitucional con perspectiva de género”

Marisa Kohan Revsin

“Si todo el sistema es patriarcal, no podemos esperar que la justicia no lo sea”

Estos días las calles se están llenando de mujeres denunciando un trato injusto por parte de la justicia ¿Tenemos una justicia patriarcal? ¿En qué se concreta?

Si todo el sistema es patriarca, no podemos esperar que la justicia no lo sea. Esto se concreta desde la aplicación de las leyes, hasta en las propias normas. El derecho ha sido elaborado y creado por hombres aunque se aplique tanto a hombres como a mujeres. Es decir, nosotras no hemos contribuido la creación de lo que se considera el derecho moderno que tiene sus raíces en el siglo XVIII, puesto que en ese momento las mujeres estábamos confinadas al ámbito doméstico. No había mujeres en las universidades y estábamos fuera de los centros de poder y de los espacios de trascendencia pública en general. Es como si llegásemos a vivir en una casa que no hemos construido, ni hemos contribuido a diseñar, pero tenemos que adaptarnos a los espacios.

El derecho se ha construido alrededor de un individuo que parece abstracto, neutro y que además se supone que es autónomo e independiente. Es decir, un individuo al que se le ha negado su condición humana de vulnerabilidad y se le ha negado, sobre todo, su cuerpo. Y no hay que olvidar que tenemos cuerpos diferentes. Las mujeres, cuando entramos a la esfera pública, al mercado, al mundo social, al del poder político, entramos como ellos: sin cuerpo. Y esto permite que sobre nuestro cuerpo se esté perpetrando todas las violencias habidas y por haber. Solamente ahora comenzamos a tener esto en cuenta. Y todo eso está por hacer.

¿Y cómo se hace?

Estamos intentándolo a través de normativas, poco a poco. Desde luego la ley contra la violencia de género supuso un gran paso adelante. También la de Igualdad y la de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. El problema es que no se aplican.

¿Qué falla?

Fallan todos los operadores. La ley de Igualdad y la de Medidas Integrales contra la Violencia de Género tienen muchísimas normas que no se aplican en muchísimos ámbitos por falta de voluntad política y de asignación presupuestaria. Pero principalmente porque no tenemos ni vivimos en una cultura de igualdad real. Todavía no. Por eso falla.

¿Qué se puede hacer para mejorar? ¿Cuáles serían las medidas para avanzar en igualdad?

Para empezar es necesario que se apliquen las leyes que ya existen y que se interpreten correctamente. Sólo eso daría un vuelco total a nuestra sociedad. Todas las medidas que existen en el ámbito educativo, no se están cumpliendo en absoluto. Pero tampoco la formación de profesionales clave que operan en el ámbito de la violencia de género, como forenses, psicólogos, trabajadoras sociales, operadores jurídicos o fuerzas de seguridad del Estado, que deberían tener una formación específica. Pero es especialmente sangrante en el caso de quienes en definitiva tienen que juzgar y aplicar la ley en última instancia. Recibir un curso de 10 horas no es una formación específica. Es inexplicable que se integre en órganos judiciales que tienen la competencia asignada de violencia contra las mujeres a personas que no tienen una formación específica. ¿Cómo es eso posible? Es posible porque esta formación no se incorpora en las carreras universitarias. Hay muy poquitos planes de estudio de derecho que incorporen una formación específica en violencia de género. Antes incorporan una formación específica en materia de persecución de delitos económicos que en materia de igualdad.

“Si se aplicaran las leyes se daría un vuelco a nuestra sociedad en materia de igualdad”

¿Por qué las leyes que tienen que ver con igualdad no se aplican?

Se aplican pero mal. El problema es que reclamar el cumplimiento de esas disposiciones es prácticamente imposible, porque se trata de disposiciones programáticas y no hay ninguna sanción prevista para su incumplimiento. Y como no hay ninguna sanción, cuando se incumplen no pasa nada y no exigimos responsabilidades por ello. Porque quienes tenemos conciencia de esos incumplimientos no somos aún masa crítica suficiente como para exigir responsabilidades políticas en ese sentido. Creo que hacemos mucha presión desde el movimiento feminista, pero todavía no es suficiente. Quiero ser positiva. Creo que esto está cambiando. Hay mucha más concienciación de la que había hace unos años. En la mayoría de los casos a quienes obligan estas leyes es a los poderes públicos. Y especialmente a las administraciones. Ahora el Congreso está negociando un pacto por la educación. No sé cuántas leyes educativas llevamos, pero contenidos en igualdad sólo ha habido en una de ellas y ni siquiera se ha cumplido. La conocida como ley Wert, por ejemplo, contraviene completamente lo dispuesto en la ley de igualdad, y no pasa nada. No está pasando nada.

¿Qué se puede hacer para corregir esto? Por ejemplo, en el caso de Juana Rivas ¿por qué se aplicaron unas leyes y no otras?

La normativa internacional no se aplica directamente, sino que se hace con un criterio interpretativo pero de las leyes que efectivamente hay. En el caso de Juana Rivas, y en general cuando hay menores de por medio, nos encontramos con una concepción muy patriarcal del derecho, que se articula ante el principio de propiedad. Parece que los hijos y las hijas sean propiedades más de los padres, porque es la norma que ha existido siempre. Y esa concepción de propiedad sigue alimentando la legislación. Deberíamos poner el foco sobre qué es lo mejor para los y las menores, y no confundir el interés superior del menor con un concepto de propiedad paterna.

Para eso es necesario cambiar la legislación. Ésta ha ido cambiando en las últimas décadas, pero muy lentamente y aún resulta insuficiente. No son cambios rápidos, ni muchísimo menos con la agilidad que necesitaríamos. Llegamos ya siempre tarde a muchísimas cuestiones. Lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo la presión. Que el feminismo y que las feministas formen parte de los partidos políticos para que no se pueda hacer oídos sordos. Tenemos que empoderarnos, esa palabra mágica que significa estar en todos los puestos de decisión para seguir presionando. Pero no sólo una presión social desde la calle, sino también desde los mismos centros de poder, empezando por los partidos políticos y acabando por todos los cargos de representación.

Creo que lo estamos haciendo bien. Lento, pero bien. No debemos hundirnos ni dejarnos avasallar por un sentimiento de impotencia. Nos gustaría que la situación cambiara radicalmente y de forma inmediata, pero si echamos la vista atrás vemos que hemos avanzado muchísimo y eso es posible desde que las mujeres no son una mera anécdota en los centros de toma de decisión.

Si hubiera que elegir alguna medida concreta que nos haga avanzar, ¿cuál sería? ¿Servirá el pacto de Estado contra la violencia machista avanzar?

Tenemos ya muchas leyes y medidas. Lo que tenemos que conseguir es que se apliquen. Lo que parece incongruente es tener un pacto de Estado que solicite medidas que ya están aprobadas y contenidas en las leyes, pero que sin embargo no se aplican. ¿Cómo es posible que se haga un pacto de Estado sobre eso? ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza? Hay algunas cuestiones que evidentemente aún no están conseguidas y que es muy loable que se hayan incluido. El pacto de Estado debería contener medidas que nos permitan avanzar. Pero pactar para cumplir con lo que hace ya años que se ha aprobado no parece lógico. Es una irresponsabilidad, una tomadura de pelo y una falta de respeto a la ciudadanía. Es verdad que en nuestra desesperación en el movimiento feminista insistimos en ese pacto. Pero que a los poderes públicos no se les caiga la cara de vergüenza firmando este pacto es terrible.

Usted aboga por realizar una reformar de la Constitución con perspectiva de género ¿Qué supondría?

Es un tema antiguo que nos ocupa y preocupa. La Constitución no se sostiene sin retocar su texto y no solamente por el debate sobre la organización territorial del Estado, que es importante, porque cuanto más cerca tengamos los centros de toma de decisión, más capaces seremos de influir en ellas.

Supone que medidas que tenemos asumidas y reguladas legalmente suban de rango y asegurar así que preservamos estos derechos de las coyunturas políticas. Lo que planteamos es que si hay consenso social (al menos así lo atestiguan las leyes) sobre determinados avances en igualdad, ¿por qué no plasmarlos en la Constitución? La ley de violencia de género se aprobó por unanimidad. ¿Entonces por qué no incluir en la Constitución que todos los hombres y mujeres tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos? ¿De verdad no podemos poner esto como un valor superior? No se trata sólo de la representación política, sino de alcanzar la paridad en todos los ámbitos de la vida.

Planteamos dos grandes ejes sobre la reforma constitucional. Por un lado el que tiene que ver con eliminar esa división que existe entre espacio público y espacio privado que hace que lo que se desarrolla dentro de las familias y los domicilios no tenga suficiente relevancia política. Queremos que la tenga. En ese sentido, la cuestión de los cuidados tiene que ocupar un lugar esencial, no sólo en los derechos, sino en la configuración económica del Estado. El otro eje es el reconocimiento de la subjetividad jurídica y política de las mujeres. Para este reconocimiento como sujetos de derechos, habría que actuar en tres sentidos. Reconociendo la paridad en todas las instituciones, absolutamente en todas. Tiene que reconocerse expresamente a las mujeres como sujetos de derecho, lo que significa reconocer que no somos individuos nada más en el plano espiritual sino también en el corporal y reconocer que es lo que ocurre con nuestros cuerpos y asociado a nuestros cuerpos. Por ejemplo, que se reconozca expresamente el derecho a una vida libre de violencia machista, porque nos afecta a todas. Que se reconozca el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que se considere que ningún ser humano es una mercancía y por lo tanto las mujeres tampoco lo somos. Nos sitúa de lleno en el debate sobre la prostitución y los vientres de alquiler. Por último, lo que no se nombra no existe. La palabra ‘mujer’ está muy poco representada en nuestro texto constitucional. Si sólo nombramos a las personas utilizando el masculino genérico, estamos ocultando una realidad: la de que la especie humana está formada por mujeres y por hombres.

Cuando se habla de alcanzar la paridad en las listas electorales o en los cargos, se dice que es una acción positiva que se eliminará cuando no haga ya falta. Pero eso no es así. No conocemos un pueblo que esté integrado únicamente por hombres o por mujeres. Y nuestras instituciones democráticas deben ser el reflejo más aproximado y fiel de la sociedad. Con lo cual no se tiene que quitar nunca esa presencia. ¿Qué es lo que molesta? Incluso si no hiciera falta, ¿que molesta tener una norma que recuerde que eso tiene que ser así?.

También es una obviedad que sólo las mujeres nos quedamos embarazadas. ¿Cómo es posible que no tengamos reconocido el derecho a interrumpir nuestro embarazo dentro del texto constitucional y sin embargo hay muchísimas constituciones que van en sentido contrario y que legislan que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción? Eso supone coartar el proyecto de vida de las mujeres, su dignidad en definitiva.

“Lo que parece incongruente es tener un pacto de Estado que solicite medidas que ya están aprobadas y contenidas en las leyes, pero que sin embargo no se aplican”

¿Qué nos queda por hacer?

Nos queda mucho por hacer porque esa reforma constitucional parece complicada y verla hecha realidad será difícil. Pero hemos avanzado mucho. Nos queda que todas y todos seamos considerados seres humanos y plantarle cara al mercado. Las movilizaciones del 15M planteaban que no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, y en eso las mujeres tenemos mucho que decir.

“Plasmar la igualdad en la Constitución supone preservar estos derechos de las coyunturas políticas”