Martes, 6 de Mayo de 2008

Asturias seguirá cobrando el "céntimo sanitario" hasta tener otras alternativas

EFE ·06/05/2008 - 22:11h

EFE - La Comisión Europea consideró hoy que el impuesto sobre los carburantes en las gasolineras llamado "céntimo sanitario" y aplicado por varias comunidades autónomas españolas no respeta la normativa europea.

El Gobierno asturiano seguirá utilizando el denominado 'céntimo sanitario' para financiar la sanidad pública, un tributo "que hoy por hoy es absolutamente legal", hasta que no se arbitren otras alternativas "que hoy por hoy no existen", según ha afirmado el jefe del Ejecutivo regional, Vicente Álvarez Areces.

Areces ha hecho estas afirmaciones tras conocer la decisión de la Comisión Europea de cuestionar la legalidad de este impuesto, aplicado por varias comunidades autónomas, entre ellas Asturias, por considerar que no respeta la normativa europea.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha recordado que esta medida fue adoptada por el Gobierno del PP "y sirve para financiar la sanidad" por lo que se ha mostrado convencido de que la Administración central defenderá sus "legítimos" intereses "y los de la sociedad española".

A su juicio, si el Gobierno tuviese que tomar "algunas medidas correctoras" tras esta decisión de la Comisión Europea (CE) "sin duda tendrá que poner a disposición de aquellas comunidades que tienen transferida la sanidad dispositivos para poder financiarla"

Para Areces, el Ministerio de Economía debe dar respuesta ahora al planteamiento de las autoridades comunitarias y, mientras tanto, el Gobierno asturiano utilizará los mecanismos de financiación de la sanidad que tiene a su disposición.

Este impuesto fue aplicado en Asturias a partir de 2004 y contemplaba incrementar en 2,4 céntimos de euro por litro el precio de las gasolinas y en 2 céntimos el del gasóleo.

El decreto de prórroga aprobado por el Gobierno asturiano para 2008 prevé una recaudación de 37 millones de euros en concepto de recargo sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, que se distribuye entre la Administración autonómica y la central.

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