Lunes, 28 de Abril de 2008

Denuncian al líder e-cristians por injurias en su "cruzada" contra los abortistas

El jefe de servicios de la clínica Tutor Médica, Santiago Barambio, dice que Josep Miró i Ardèvol "tergiversó" un escrito suyo para atribuirle la defensa del aborto ilegal

PÚBLICO.ES ·28/04/2008 - 15:40h

El jefe de servicios de la clínica Tutor Médica y vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Santiago Barambio, ha denunciado hoy ante la Fiscalía al líder de e-cristians, Josep Miró i Ardèvol, por injurias en su "cruzada" contra los abortistas.

En rueda de prensa en el Colegio de Periodistas, Barambio ha anunciado que ha interpuesto la denuncia contra Miró i Ardèvol por un delito de amenazas condicionales, calumnias e injurias al estimar que "tergiversó" un escrito suyo para atribuirle la defensa del aborto ilegal y que propició un "efecto llamada" para que se viniera a abortar a España.

Este cruce de denuncias se enmarca en el contexto de la polémica médica, judicial y política desatada en los últimos meses tras la detención en Barcelona del doctor Morín, por practicar supuestamente abortos ilegales, y por la investigación criminal contra clínicas abortistas de Madrid.

La "cruzada" ha logrado amedrentar a los doctores y a las mujeres, que se van al extranjero a abortar

 Según Barambio, esta "cruzada" en contra de las clínicas y los médicos que practicaban abortos la llevan a cabo varias organizaciones con un tronco común, la Iglesia, y ya ha logrado amedrentar a los doctores, que ahora "hilan más fino" a la hora de practicar la interrupción del embarazo, y de las mujeres, que en algunos casos vuelven a optar por irse al extranjero a abortar, sobre todo a Inglaterra y Holanda.

En su caso concreto, Barambio estima que Miró i Ardèvol tuvo que sustentar la denuncia en su contra únicamente en base a un borrador que escribió para una conferencia, porque no pudo encontrar en su clínica ningún tipo de práctica para "montar su historia jurídica".

Barambio ha dicho sentirse objeto de una "persecución" por parte de e-cristians, entidad representativa del sector más conservador de la iglesia catalana, si bien se ha mostrado convencido de que la denuncia que le interpusieron en febrero pasado ante la Fiscalía no tiene ninguna base legal.

En el borrador que elaboró, para que otro médico pronunciara una conferencia en el marco de un congreso celebrado en Roma en octubre de 2006, Barambio explicaba el marco legal para practicar el aborto en España.

Frases sesgadas 

Según este doctor, en la denuncia se ponían en su boca frases "sesgadas, tergiversadas y totalmente descontextualizadas", y además se "soslayaba y omitía" su constante apelación a la "preceptiva existencia de un informe médico que informe y acredite la concurrencia de un grave peligro para la salud física o psíquica de la madre" para practicar el aborto.

A su juicio, e-cristians pretendía con esta demanda proseguir su "política de persecución y desacreditación" en su contra, dando a entender que defiende "unos protocolos de actuación en los que se ampara la realización de prácticas abortivas ilegales".

Por ello, Barambio ha presentado hoy ante la Fiscalía una demanda contra Miró i Ardèvol, a quien acusa de un delito de amenazas condicionales -porque le envió un requerimiento notarial en el que le apremiaba a aclarar su texto bajo la amenaza de que si no lo hacía le denunciaría-, así como de otro continuado contra la libertad y el honor, concretamente de calumnias e injurias.

Durante la rueda de prensa Barambio no ha ahorrado críticas para las plataformas católicas que están "orquestando" una campaña "antielección" y se ha preguntado: "¿pueden los valores morales o religiosos de determinados grupos, autoerigidos en tutores éticos de nuestra sociedad, poner en peligro o menoscabar la salud y la integridad de las mujeres de nuestro país?".

En cambio, ha agradecido a la consellera de Salud, Marina Geli, que haya manifestado la decisión de la Generalitat de "amparar y respaldar jurídicamente" a los profesionales de los centros públicos para que puedan practicar abortos por malformaciones graves tras 22 semanas de embarazo, atendiendo al riesgo para la salud psíquica de la mujer.

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