Lunes, 28 de Abril de 2008

De cómo atajar el conflicto

L’Hospitalet, con barrios con un 40% de inmigrantes, ha sido el mejor laboratorio para Corbacho

GLÒRIA AYUSO ·28/04/2008 - 07:30h

EFE - Celestino Corbacho, en su etapa como alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Celestino Corbacho ha tenido que lidiar a fondo con el fenómeno de la inmigración en uno de los mejores laboratorios. L’Hospitalet, la segunda ciudad más poblada de Catalunya (248.150 habitantes) y de la que ha sido alcalde durante 14 años, tiene barrios donde el colectivo foráneo alcanza el 40% de la población. En 2003 estuvo a punto de ver encendida la mecha del racismo en sus calles. Corbacho asumió personalmente una política de vigilancia y control que, combinada con el trabajo de acogida que realizan las asociaciones vecinales, logró atajar los focos de conflicto entre autóctonos e inmigrantes.

L’Hospitalet creció con la llegada en los años 60 y 70 de inmigrantes procedentes del sur de España, por lo que recibió el apodo de Ciudad de Acogida. Una nueva ola, esta vez de extracomunitarios, se precipitó a partir del año 2000. De un total de 264.404 ciudadanos, casi 63.000 son nuevos inmigrantes. El colectivo se concentra en las zonas de Collblanc-La Torrassa y La Florida. Todas sus escuelas públicas superan el 50% de alumnos extranjeros, y varias alcanzan incluso el 80%.

La llegada masiva coincidió en 2003 con que los efectivos de la Policía Nacional estaban bajo mínimos debido a que en cuestión de meses debía desplegarse el nuevo cuerpo de seguridad autonómico, los Mossos d’Esquadra. La ciudad contaba sólo con 70 agentes, cuando le correspondían 280. Sólo dos patrullas vigilaban las calles las noches de los fines de semana. Un paraíso para delincuentes.

Desembarco ultraderechista

La sensación de los vecinos era que si ocurría algo, nadie se presentaba. El malestar atrajo a grupos organizados de extrema derecha, como Democracia Nacional y Plataforma per Catalunya, que realizaron concentraciones e intentaron hacer calar entre los vecinos que los inmigrantes eran los responsables de la inseguridad. Por un momento pareció que lo lograban. Se creó una asociación de vecinos que recogió firmas para pedir su expulsión inmediata.

Corbacho pactó con el entonces conseller de Interior, Xavier Pomés, y al margen del resto de alcaldes socialistas, la llegada de 300 Mossos d’Esquadra. A los pocos días de pisar la calle, abortaron una manifestación xenófoba.

El Ayuntamiento, que había estado a expensas de la Generalitat, pasó a tener un papel plenamente activo.

“Los problemas con los inmigrantes no eran de inseguridad, sino de convivencia”, explica el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Manuel Piñar. Las costumbres de los recién llegados creaban conflicto por falta de entendimiento en las calles y la escalera de vecinos. Y Corbacho endureció el discurso sobre cómo gestionar la inmigración: el objetivo fue “no tanto hacer entender a los inmigrantes cuáles son sus derechos, que ya los conocen, como sus obligaciones”.

Los locutorios estaban sustituyendo masivamente a los comercios tradicionales. El alcalde lo atajó exigiendo una distancia mínima de 300 metros entre estos establecimietos. También organizó una férrea vigilancia de horarios comerciales para acabar con las protestas de los vendedores locales e intensificó las redadas conjuntas de Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra en los bares musicales latinos.
Anunció también que no daría el visto bueno a una petición de reagrupación familiar si ésta suponía“una masificación en una vivienda”.

Para ello, en enero de 2006 inició las inspecciones en domicilios. El alcalde, que popularizó la expresión “tolerancia cero” porque “las normas están para cumplirlas”, amplió los efectivos de la Guardia Urbana y creó una unidad especial con 32 agentes dedicados exclusivamente a estas tareas.

Control, ¿bueno o excesivo?

El Ayuntamiento también ha impulsado la mediación y ha derivado parte del servicio de atención y acogida de los recién llegados a tres entidades. Una es la Fundación Akwaba. Su presidenta, Alicia Gili, explica que aún hoy está desbordada por falta de recursos. Y añade: “Hay quien ve bien el control realizado por el Ayuntamiento y hay quien cree que es excesivo. Pero cada vez hay menos quejas por el exceso de celo policial”. “Existe un falso paternalismo hacia los inmigrantes que no beneficia ni al que viene ni al que está”, afirma el máximo representante vecinal de L’Hospitalet, que considera que Corbacho entendió bien el problema e impulsó unas medidas que, en su opinión, “ayudan a la integración y evitan los guetos”.

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