Martes, 15 de Abril de 2008

El TC fallará que la ley contra la violencia sexista es constitucional

El pleno del Alto Tribunal debate la conveniencia de avalar penas más duras para los hombres

VANESSA PI ·15/04/2008 - 22:04h

PÚBLICO - Los magistrados del Tribunal Constitucional el día de su toma de posesión, en junio de 2004.

Preveían llegar a un acuerdo ayer, pero la discusión se alargó y se espera que los magistrados del Tribunal Constitucional continúen debatiendo hoy si admiten o no la primera cuestión de inconstitucionalidad contra la modificación que la Ley Integral de Violencia de Género hace del Código Penal.

Todo parece apuntar que el Alto Tribunal declinará la primera de las cuestiones que llegan al pleno, la que la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia presentó contra el artículo 153.1. La decisión que tomen se extenderá al resto de cuestiones presentadas contra este artículo del Código Penal.

Éste castiga con prisión de seis meses a un año, entre otras penas, a quien "por cualquier medio o procedimiento causara menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código". Las penas también se aplicarán cuando "golpeara a maltratara de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una relación afectiva".

Contra el principio de igualdad

El resto de artículos del Código Penal que los jueces han cuestionado también aplican una discriminación positiva para las mujeres: establecen que si una mujer agrede a su marido, deberá cumplir una pena inferior que si fuera a la inversa.

Según los quince jueces que han presentado las 180 cuestiones de inconstitucionalidad, esto contradice el principio de igualdad que establece la Constitución. La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete, Patricia Santa María, se ha llevado la palma, presentando 60 cuestiones, una tercera parte del total. El Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid, también en manos de una mujer, presentó 33 cuestiones de inconstitucionalidad, y la jueza María Poza, del número 4 de Murcia, 30. La primera cuestión de inconstitucionalidad se presentó el 28 de febrero de 2006. La última, el pasado 11 de marzo.

Cada una de estas cuestiones se han planteado tras la celebración de un juicio y suponen la paralización de la sentencia. De ahí que al Constitucional le preocupe que alguno de estos casos acabe en tragedia mientras delibera. Las mujeres que denunciaron maltrato no corren peligro, según aseguraron ayer fuentes jurídicas de la Comunidad de Madrid. Las medidas cautelares de protección a las mujeres se mantienen aunque algunos jueces mantengan en suspenso la sentencia.

Según fuentes de los juzgados madrileños, los jueces han escogido los casos de menor gravedad, en los que el delito cometido no es muy grave, como por ejemplo un delito de amenazas, para recurrir la inconstitucionalidad de la ley. En cuanto el Constitucional se pronuncie, los jueces harán ejecutar las sentencias. Además, si el denunciado reincide, ingresará en prisión.

Ley catalana

Por otra parte, el Gobierno catalán aprobará mañana la Ley de las Mujeres para la erradicación de la violencia machista. Esta Ley tiene como novedad la creación de un fondo de garantía para cubrir el impago de pensiones alimentarias y compensatorias a las mujeres separadas que su ex marido no les pasa la pensión establecida. Además, la Ley prevé tener en cuenta los ingresos de la mujer y no de la unidad familiar para acceder a las ayudas económicas.


Los artículos de la discordia


153. 1

"El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años".


57.2

«Cuando un Juez que esté conociendo de un procedimiento civil tuviese noticia de la posible comisión de un acto de violencia de género, que no haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal, ni a dictar una orden de protección, tras verificar que concurren los requisitos del párrafo tercero del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inmediatamente citar a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos. Tras ella, el Fiscal, de manera inmediata, habrá de decidir si procede, en las 24 horas siguientes, a denunciar los actos de violencia de género o a solicitar orden de protección ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente».


171. 4.

"El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años".


172.2

"El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años".

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