Domingo, 13 de Abril de 2008

Fustegueras, el 'señor Lobo' del urbanismo en Andalucía

La Junta y los ayuntamientos recurren al arquitecto jerezano para regularizar 30.000 casas ilegales

RAÚL BOCANEGRA ·13/04/2008 - 19:53h

Manuel Ángel González Fustegueras, arquitecto. LAURA LEÓN.

Cuando lo llaman, podría decir: "Estoy a 30 minutos de ahí, llegaré en 10", como el señor Lobo de la película Pulp Fiction. Se acuerda de ese personaje interpretado por Harvey Keitel, que resuelve limpiamente y con eficiencia cualquier entuerto. Manuel Ángel González Fustegueras, arquitecto, huye de calificativos como el regularizador o el legalizador, pero la Junta y alcaldes de distintos signos, ante la magnitud del problema urbanístico, han recurrido a él, al señor Lobo del urbanismo andaluz, para arreglar el embrollo. En sus manos están los planes urbanísticos de Marbella, Chiclana, Barbate y otros 15 municipios. Más de 30.000 viviendas ilegales serán regularizadas con su método.

Fustegueras hace una precisión previa: "No podemos comparar Marbella con Chiclana ni otros municipios". El origen de las construcciones ilegales es diferente: "En Marbella existía connivencia entre el municipio y el promotor para saltarse el plan", afirma. Y agrega: "Chiclana era un pueblo pequeño, donde la estructura de la propiedad era de microparcelas y se producen determinados fenómenos sociales, como la crisis de Astilleros, y una ocupación de ese territorio". Y remacha: "Hay municipios pequeños desbordados por la presión. A veces se dejan llevar por cantos de sirena".

El método: la compensación

Al final, sin embargo, todos sufren una consecuencia común: ciudades con carencias de colegios, polideportivos y centros de salud, los llamados equipamientos. "Nosotros [Territorio y Ciudad, su empresa, en la que cuenta con tres socios] lo que proponemos es un sistema, un método", dice Fustegueras, de larga melena recogida en una coleta. Se trata de un sistema de compensaciones, previsto en la legislación urbanística, para devolver, en el caso de Marbella el suelo esquilmado por Gil y sus cómplices a la ciudad: 18.000 viviendas ilegales.

El mecanismo funciona así: si la vivienda está construida sobre un terreno previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -actualmente en revisión- para equipamiento, los propietarios del edificio ilegal deben hacerse con una parcela en otro sitio y cedérsela a la ciudad.

El método no convence a todo el mundo. 2.000 ciudadanos se manifestaron en su contra en octubre pasado y la propia alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz (PP), ha expresado sus dudas sobre las cargas que impone a los dueños. "Muchas de las oposiciones de los propietarios bien intencionados servirán de coartada y excusa para que los responsables de las ilegalidades presenten esta solución como un problema. Pero se olvidan de que si no se soluciona de una forma justa, el problema será mayor: las viviendas no podrán regularizarse", recalca Fustegueras. Los fiscales en contraA los fiscales de urbanismo andaluces no les convencen estos planes. No actuarán de oficio y confían en el cumplimiento escrupuloso de la legalidad, pero han dejado clara su postura. Éstas son frases de Ángel Núñez y Luis Carlos Rodríguez León, fiscales: "Regularizar casas ilegales acaba con la esencia del urbanismo". "Las soluciones pueden ser puntuales pero la regla general no puede ser: construye donde quieras que después se legaliza".

La Junta ha defendido que hay que dotar de servicios las zonas donde han proliferado las construcciones ilegales. Al elaborar un nuevo PGOU, se cambian los usos del suelo con construcciones ilegales y se convierte por arte del plan en legal lo ilegal. "Desde un punto de vista político podrá estar amparado, pero desde el legal no quiere decir que deje de ser un delito", avisan los fiscales.

"Hay que dar solución a una realidad. No se trata de dejar sin huellas la escena del crimen ni deshacerse del cadáver, como hacía Lobo, sino
de intentar resucitar la zona aunque sea con tratamiento de acupuntura", responde Fustegueras.

El origen del problema

Fueron los casos de Chiclana (15.000 viviendas ilegales), gobernada por PP, IU, PA y PSA y Barbate (otras 1.000), por el PSOE, los que hicieron levantar la voz a los fiscales. "En Zahora (Barbate), se permitían casas en suelo no urbanizable. La ley cambió en 2002", agrega Fustegueras. La norma avalaba la construcción agrícola, el llamado diseminado rural. Pero en su lugar se creó Zahora, en el cabo Trafalgar, enclave privilegiado.

"En otras zonas no hay un litoral tan apetecible como éste. Si se analiza el Mediterráneo, Andalucía no es la peor", dice el arquitecto. "No hay que juzgar alegremente el pasado. Los ayuntamientos no han visto otra solución para su economía que el urbanismo. Y hay que tener en cuenta que hasta hace poco la judicatura, reflejo de la sensibilidad social, no era proclive ni a paralizaciones ni a demoliciones", añade. Hasta 2002, los jueces no comenzaron a ordenar paralizaciones de las obras de casas ilegales, lo que permitió, sólo entonces, impedir su ocupación.

"El follón de Marbella se arregla con un consistorio diligente"

Ante la oposición de muchos vecinos y las dudas expresadas por la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), sobre su sistema para arreglar el plan general de la ciudad, Fustegueras responde con claridad: "¿Cuánto vale la compensación? Muy poco en relación con lo que se gana: de forma inmediata, un bien incierto (la vivienda actualmente ilegal) quedaría regularizado, y calidad de vida, al aumentar los equipamientos. Además, tarde o temprano, el coste puede y debe ser repercutido a los responsables de las ilegalidades ¿Cómo puede oponerse alguien ante algo que gana?".

El arquitecto recuerda su llegada a Marbella: "Era una situación tremenda: La venta de patrimonio público destinado a equipamientos. Lo más gracioso es que esta sensibilidad de que no hacen falta impregna aún a parte de la sociedad marbellí. Y no los necesitaban porque, dicen, había equipamientos privados", afirma. El sistema permitirá, según el nuevo plan de ordenación urbana -en tramitación-, recuperar 1,8 millones de metros cuadrados para equipamientos y zonas verdes.

En 1988, cuando era edil de urbanismo por los andalucistas en Jerez, donde aún vive, Fustegueras obligó al artista Bertín Osborne a derribar parte de un chalé ilegal. Lograrlo costó casi 15 años de pleitos. El nuevo plan en Marbella deja sólo 750 viviendas ilegales y sin solución que podrían acabar bajo la piqueta.

¿Es partidario de derribos? "Los tienen que decidir los jueces. Ahora, si la pregunta es si tienen algún efecto la respuesta es sí".

Fustegueras quiere dejar un homenaje: "Ahora estamos más concienciados. Los ecologistas, aunque muchas veces no esté de acuerdo con ellos, han sido y son imprescindibles". Y deja una frase para el recuerdo: "El follón de Marbella se arregla en ocho años con un ayuntamiento diligente". Que le oigan.

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