Jueves, 10 de Abril de 2008

Imputado por prevaricación el alcalde de Oropesa

Vendió suelo público 30 veces por debajo de su valor real

PÚBLICO.ES ·10/04/2008 - 20:27h

El alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, del PP, y otros cargos municipales de su partido declararon ayer como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón, que investiga un posible delito de prevaricación en la venta de suelo público a menor precio en la zona del Balcó del monte Renegà.

La declaración de Albert ante el juez ha durado unos 45 minutos y tanto él como los otros cuatro imputados -el arquitecto municipal Carlos Garrido, el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, y los ex ediles populares Jorge Garrido y Juan Manuel Miralles- han declinado atender a los periodistas a su salida del Juzgado.

“Lo siento mucho, pero no hay ninguna manifestación”, dijo el regidor a los periodistas. Fuentes del Grupo de Estudio y Conservación de Espacios Naturales (Gecen), que interpuso la denuncia, la investigación se centra en la venta de suelo que correspondía al Ayuntamiento –un 10% del total por la urbanización del sector– a un precio de seis euros por metro cuadrado, cuando el precio medio del mercado era de 200 euros.

El caso se ha reabierto por la Fiscalía después de que, en 2003, un fiscal decidiera no abrir diligencias ante la denuncia presentada por el citado grupo ecologista.Según Gecen, el pleno del Ayuntamiento aprobó vender este suelo público sin tasarlo ni subastarlo previamente con los votos a favor de los concejales del PP, del GIO y del único concejal del PSPV en el Ayuntamiento, José Manuel Ribes, quien posteriormente fue expulsado del partido.

Esta actuación se llevó a cabo pese a que los técnicos municipales habían advertido de la “ilegalidad” del proyecto en sus informes. Fuentes de Gecen estiman que en total se habrían cometido ilegalidades por un valor monetario superior a los 40 millones de euros, procedentes de la venta de 200.000 metros cuadrados derivados de “los excesos de aprovechamiento urbanístico, con cesiones del 10% y aprovechamiento de terrenos municipales”.

Los ecologistas aseguran que los únicos beneficiados “por estas ventas ilegales” son los urbanizadores de los PAI, resultando perjudicados los vecinos y las arcas municipales que dejaron de ingresar “una buena cantidad de dinero”.

Rafael Albert ya fue llamado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón el pasado 20 de febrero por otro supuesto delito de prevaricación relacionado con el intento de legalizar dos edificios de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo no urbanizable.