Jueves, 10 de Abril de 2008

El colectivo de afectados por la quiebra de Caja Alcoy recurrirá la sentencia

EFE ·10/04/2008 - 14:18h

EFE - El principal acusado por el caso del fraude de la Caja de Crédito de Alcoy, Jesús Llopis Ferrer (en la imagen), ha sido condenado a más de 5 años de prisión.

El presidente del colectivo de afectados por la quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoy, Enrique Rodes, ha anunciado hoy que recurrirán la sentencia por esta causa que condena a dos de los diez imputados.

Rodes ha indicado, en declaraciones a Efe, que la primera sensación que ha tenido al conocer la resolución judicial, hecha pública hoy por la Audiencia de Alicante, ha sido "agridulce".

"Por un lado, estamos satisfechos porque se condena a dos de los diez acusados", el ex director de la entidad, Jesús Llopis Ferrer, y la ex subdirectora y sobrina del anterior, Mercedes Llopis Candela, a penas que suman más de 5 años de prisión por un delito de insolvencia punible y a pagar indemnizaciones por valor de entre 2,6 y 2,8 millones de euros, ha señalado.

Sin embargo, Rodes ha lamentado que el tribunal haya absuelto a estos dos ex directivos del delito de apropiación indebida del que estaban acusados y ha expresado cierta desilusión porque, según ha dicho, "algunos de los imputados no han sido condenados".

El presidente del colectivo de afectados ha explicado que el gabinete de abogados de los afectados valorará "la resolución judicial más detalladamente y en profundidad".

Por ello, Rodes ha anunciado que el próximo miércoles se celebrará una asamblea para que los letrados del colectivo informen a los afectados sobre la sentencia de la Audiencia de Alicante.

La asamblea se celebrará a las 20.00 horas de ese día en el centro social del barrio de la Zona Norte de Alcoy.

El juicio por la quiebra fraudulenta de la Caja de Crédito de Alcoy, que afectó a más de 1.500 afectados por un montante de 3,7 millones de euros, se celebró en la Audiencia de Alicante entre el 22 de enero y el 13 de febrero pasados.

La sentencia considera probado que los órganos de administración de la entidad, constituida en 1987, realizaron actos que dieron lugar a una crisis económica y a una insolvencia, que condujeron a la solicitud de suspensión de pagos en 1993 por ser su activo inferior a su pasivo en cerca de 750.000 euros.

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