Jueves, 3 de Abril de 2008

Bermejo se planta ante los sindicatos por la huelga

Tacha de fraude el referéndum y anuncia más servicios mínimos

ALICIA GUTIÉRREZ ·03/04/2008 - 22:10h

Lejos de arredrarse por el varapalo a la última propuesta del Gobierno para zanjar la huelga que hoy cumple dos meses y que agrava por días la situación de los juzgados españoles, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, arremetió ayer sin piedad contra los sindicatos de funcionarios, a los que lanzó un mensaje de mano dura:  tras el “simulacro” del referéndum que el miércoles tumbó la oferta de subida salarial, habrá refuerzo de los servicios mínimos y de los controles para garantizar su cumplimiento.

El ministro ha remitido una carta a los líderes estatales de los cuatro sindicatos en la que pide su intervención.  Y hoy, a las diez de la mañana, se reunirá de nuevo la mesa de negociación sin ningún interlocutor de mayor rango que el observado hasta ahora: a un lado, se sentarán los líderes sindicales del sector; al otro, la subsecretaria de Estado y el director general de Relaciones con la Justicia.

Al tiempo que Bermejo daba por hecho que será él y no otro –es decir, un hipotético sucesor al frente del Ministerio– quien solucione el conflicto -”no les quepa la menor duda”, fueron sus palabras-, acusó a las cuatro centrales convocantes (CCOO, CSIF, UGT y STAJ) de haber perpetrado un  “enorme fraude” con el referéndum donde los funcionarios rechazaron el miércoles la última oferta salarial del Ministerio por una abrumadora mayoría del 85,71%.  Según el titular de Justicia en funciones, los sindicatos sólo permitieron votar a los funcionarios que siguen la huelga, y ni siquiera a todos, sino sólo a “los pata negra”, es decir, a los que continúan secundando el paro. Como ejemplo, adujo el de Baleares, donde los resultados del referéndum se anularon [sólo en Palma, según las centrales] porque “se constató que habían votado funcionarios no huelguistas”.

Un muro de intransigencia

A lo largo de la negociación -12 reuniones desde el 11 de febrero-,los sindicatos  han “torpedeado” el acuerdo con “un muro de intransigencia”, se quejó Bermejo, quien, rezumando indignación, desveló el contenido de la misiva enviada a cada uno de los secretarios generales de las cuatro centrales. En esa carta, Bermejo  viene a decir lo mismo que ayer contó en rueda de prensa a los periodistas: que los sindicatos habían alcanzado un “preacuerdo” para someter “a aprobación” en referéndum la propuesta ministerial y que luego no sólo no pidieron el sí sino que fomentaron el voto de rechazo.  En resumen, que se siente engañado por lo que “más que un incumplimiento es un verdadero fraude, contrario a las exigencias de buena fe negocial que la ley impone”.  Si el Ministerio hubiera sabido que los sindicatos promoverían el no, “no hubiera sido firmado el convenio [el acta y la propuesta de mejoras laborales], añade el texto.Ese “preacuerdo” para equiparar a los funcionarios de las comunidades sin competencias en Justicia con las de aquéllas que sí la gestionan había costado un esfuerzo más que notable al equipo de Bermejo. 

En la madrugada del martes, Justicia había logrado arrancar con forceps al secretario de Estado de Hacienda el compromiso que le permitía ofertar a los sindicatos una subida de 140 euros  para 2008, de los que 80 se pagarían en enero o febrero de 2009 de manera acumulada y con carácter retroactivo. El resto, hasta alcanzar 180 euros, se abonaría a partir de abril de 2009.  Los sindicatos persisten en su petición inicial de 200 euros.

Bermejo, quien ironizó sobre la dificultad técnica de que dimita un ministro en funciones al tiempo que aprovechaba la ocasión para recordar que viviría como “un honor” repetir en el cargo, no se plantea tirar la toalla. No dedicará “ni un minuto” a pensar en dimitir.  “No van a ser el PP ni esta huelga los que decidan mi futuro”, dijo. Pero sabe que tiene ante sí un panorama desolador por el que ayer pidió varias veces disculpas a los ciudadanos. Aunque el Ministerio no ha ofrecido datos, se calcula que la huelga ha forzado ya la suspensión de más de 30.000 juicios, y los casos de ciudadanos incapaces de obtener documentos empiezan a extenderse como pólvora.