Miércoles, 2 de Abril de 2008

El TSJA eludió debatir EpC pese al consejo del presidente

De Lugo sugirió discutir el fallo antes de emitirlo, pero la sala no hizo caso

R.BOCANEGRA/O.CARBALLAR ·02/04/2008 - 21:48h

Un alumno sostiene un manual de Educación para la Ciudadanía. MÓNICA PATXOT.

La sentencia del TSJ de Andalucía que eximió a José Joaquín Flores, de 14 años, de cursar la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) no fue debatida por los jueces, a pesar de la sugerencia del propio presidente del alto tribunal, Augusto Méndez de Lugo, para que así fuese. Los asuntos de especial relevancia, como es el caso, suelen llevarse a pleno para su discusión. Sin embargo, Antonio Moreno Andrade, presidente de la Sala de lo contencioso-administrativo y, como tal, encargado de tomar la decisión, no aceptó el consejo y dejó el fallo en manos de Enrique Gabaldón, Victoriano Valpuesta y Eloy Méndez, tres magistrados ultraconservadores, según fuentes judiciales.

Y no quiso que fuera así porque era fácil que el pleno, formado por todos los magistrados de lo contencioso-administrativo de la sala sevillana, cambiase el sentido de la sentencia, según las fuentes. Valpuesta ya protagonizó una discusión en un pleno en 2006 en el que se debatió fuerte sobre la decisión de la Junta de Andalucía de subvencionar sólo a los colegios católicos mixtos. Ahí se llevó el gato al agua.

Un síntoma de que el TSJA no iba a debatir sobre el tratamiento de Educación para la Ciudadanía lo dio Moreno Andrade, asesor del cardenal Carlos Amigo Vallejo en asuntos cofrades, en agosto de 2007, cuando avisó de que todos los recursos contra EpC que se interpusieran en Andalucía se derivarían a él y serían cursados "todos por la misma sección", la tercera.
La de Gabaldón, ponente de la sentencia, que copió los argumentos jurídicos defendidos por su padre, José Gabaldón, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente de honor del Foro de la Familia, en artículos de prensa. En ellos, Gabaldón padre presentaba la objeción a EpC como un asunto de derechos fundamentales, que, precisamente, son los que van a la sala de Sevilla, donde tiene plaza su hijo.

Presencia del Foro en la causa

El joven Flores vive en Bollulos Par del Condado (Huelva) con sus padres y cinco hermanos más. Se definen como familia "numerosa, cristiana, católica y practicante". Pertenecen a una comunidad de neocatecúmenos o kikos, movimiento conservador de la Iglesia, y defienden las tesis del Foro de la Familia, a cuyo equipo jurídico recurrieron para objetar.
El Foro fue el principal opositor contra la asignatura y otras leyes socialistas. Gabaldón padre convocó una de las manifestaciones más sonadas contra las leyes del Gobierno socialista: los matrimonios homosexuales. Acebes y Zaplana lo acompañaron en representación del PP. Por la Iglesia, Rouco y Cañizares.

Después de la sentencia, que se dictó el 4 de marzo, en la recta final de la campaña electoral, el alto tribunal andaluz ha emitido seis autos en los que se concede cautelarmente la objeción a sendas familias hasta que se dicte un fallo. Al menos en cinco de ellos no aparece la firma de Gabaldón. Fuentes del TSJA aseguraron que esto es "normal" y que existen otras decisiones anteriores en las que tampoco está. Los cinco magistrados de la sala son conservadores, según fuentes judiciales.

La avalancha no es tal

A pesar de estos antecedentes, el consejero de Educación, Sebastián Cano, aseguró a Público que el Gobierno andaluz no va a pedir la recusación de los jueces. Otras fuentes del Ejecutivo precisaron que se quiere evitar un enfrentamiento directo con la judicatura. Confían en que el Supremo les dé la razón. La Junta, la fiscalía y la abogacía del Estado ya tramitan sus recursos.

Con la sentencia a su favor, el Foro pronosticó una avalancha de recursos que se ha quedado en apenas unos cuantos. La Junta sólo ha recibido seis solicitudes más de objeción. Mañana se cumple un mes del fallo. Entonces, Educación sumaba 433 solicitudes. Ahora, 439: un 0,46% de los 95.000 alumnos que cursan EpC en Andalucía.

Las organizaciones ultraconservadoras, que elevan la cifra en España a más de 27.000, y el PP se agarraron como un clavo ardiendo al fallo para animar a los padres a objetar. Incluso con sentencias previas y contrarias dictadas en Catalunya y Asturias.