Viernes, 1 de Febrero de 2008

La Fiscalía de la Audiencia pedirá a Garzón suspender las actividades de PCTV y ANV

EFE ·01/02/2008 - 08:22h

EFE - Documentación que la Fiscalía presentó ante la sala del 61 del Tribunal Supremo para la demanda de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá hoy al juez Baltasar Garzón que decrete la suspensión de actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV) por su sumisión a Batasuna, tal y como hizo en 2002 con esta formación antes de que el Tribunal Supremo la ilegalizara en 2003.

Tras haber pedido esta semana ante la sala del 61 del Tribunal Supremo la ilegalización de PCTV y de ANV en aplicación de la Ley de Partidos, la Fiscalía reforzará hoy por la vía penal (la que representa Garzón) su ofensiva para evitar que ambos partidos puedan concurrir a las elecciones generales del 9 de marzo.

Según informaron fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía hará su solicitud a Garzón en un escrito de unos treinta folios apoyándose en los argumentos que ya han sido esgrimidos en las demandas de ilegalización de esos dos partidos y que se sustentan en los informes elaborados al respecto por Guardia Civil y Policía.

En sendas demandas, la Fiscalía también ha pedido al Tribunal Supremo que, como medida cautelar ante la inminencia de las elecciones, decrete la suspensión de actividades de PCTV y ANV antes de decidir sobre la ilegalización, petición que analizará mañana en una reunión la sala del 61.

No obstante, tras haber recibido los informes policiales finales que acreditarían la sumisión de ambos partidos a ETA-Batasuna y sin esperar a que se lo pidiera la Fiscalía, Garzón citó el pasado día 22 a los representantes de PCTV y ANV para los días 4 y 5 de febrero, respectivamente, para que comparezcan en la vista en la que el juez estudiará si decreta la suspensión de actividades.

El artículo 129 del Código Penal, en el que se basa la adopción de esta medida cautelar que puede decretarse por un periodo máximo de cinco años, establece como requisito obligatorio la audiencia previa de los titulares de la sociedad, empresa, fundación o asociación cuyas actividades se estudia suspender.