Jueves, 27 de Mayo de 2010

El juez involucra al Gobierno Camps en la trama corrupta

Pedreira dicta un auto que atribuye a la cúpula conservadora siete delitos vinculados con la financiación ilegal del PP, los sobornos y el fraude fiscal. El juez madrileño envía el caso a Valencia

ALICIA GUTIÉRREZ ·27/05/2010 - 00:20h

El president Francisco Camps saluda a un mando de la Guardia Civil en un acto oficial que presidió ayer en Valencia.juan navarro

La situación de Francisco Camps y los conservadores valencianos se vio ayer agravada con el auto en el que el juez que instruye la parte principal del caso Gürtel, Antonio Pedreira, se inhibe sobre lo investigado en Valencia e involucra a la Generalitat y al PP regional en siete presuntos delitos de corrupción: de manera preeminente, constan los vinculados a la financiación ilegal del partido a través de la red corrupta y de una batería de contratistas públicos que pagaron ilegalmente gastos del PP por casi un millón de euros. El número dos de Camps en la Generalitat, Vicente Rambla, aparece en la nómina de presuntos delincuentes. El ex secretario general del PP, Ricardo Costa, también. La documentación intervenida y los pinchazos telefónicos los comprometen. Sobre Camps, el auto es cauteloso: evita señalarlo como autor de delitos concretos, pero apunta a su responsabilidad en los hechos.

El auto surge como respuesta a la solicitud de inhibición en favor del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) que cursó a Pedreira la Fiscalía Anticorrupción, dado que algunos implicados gozan de aforamiento. La solicitud se contiene en un escrito que el juez asume como propio y reproduce en su totalidad. Ahí se enumeran los siguientes delitos: cohecho (soborno), delito electoral, prevaricación, delito fiscal, falsedad documental, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

El auto estima que el PP valenciano ocultó al fisco 2,5 millones de euros

Anticorrupción pidió al juez que se inhibiera en favor de la Justicia valenciana por dos motivos: el peligro de que al transcurrir tres años prescriba el delito electoral, cometido supuestamente por el PP en las elecciones autonómicas y locales de 2007 y en las generales de 2008, y la conexión observada entre los regalos que la trama hizo a Camps y los manejos de la red corrupta con la Generalitat y el PP.

La resolución de Pedreira coloca entre la espada y la pared al Tribunal Superior de Valencia, presidido por Juan Luis de la Rúa, el juez amigo de Camps que se ha negado a investigar tanto los contratos de Orange Market como la financiación del PP. En su auto, Pedreira remacha una y otra vez que los regalos los trajes y demás, los contratos y la financiación deben investigarse de modo conjunto. Dado que el juez madrileño remite lo investigado al instructor del caso de los trajes, José Flors, no es seguro que De la Rúa acabe interviniendo. El presidente del TSJCV acaba de recibir un duro varapalo del Supremo, que hace diez días ordenó reabrir el caso de los trajes.

Pero ese caso, que gira en torno al llamado cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno, queda ahora en migajas tras este demoledor auto sobre cómo operaba la trama en Valencia: se nutría de contratos públicos irregulares y a cambio participaba en la financiación del PP, bien operando con dinero negro, bien endosando facturas falsas a empresarios afines. Las irregularidades, dice el auto, "se produjeron en los procesos de contratación [con Orange] por parte de diversas consejerías de la Generalitat Valenciana". En algún caso, añade el texto señalando a Camps, "el Gabinete del presidente" hubo de dar "la preceptiva autorización" a esos contratos.

Empresas que recibían contratos de Camps pagaban gastos del partido

El auto apunta a Camps en otras ocasiones. Al argumentar que el caso de los trajes no es ajeno a los otros hechos presumiblemente delictivos, el texto dice: "Sobre la conexividad de los delitos investigados, tampoco puede desdeñarse el cargo que ocupa en el PPVC [PP valenciano] otro de los imputados en la causa tramitada en Valencia, Francisco Camps, y que no es otro que el presidente de dicho partido". Respecto del soborno, el auto subraya que "en algunos casos" podría tratarse de un cohecho en toda regla y no del impropio, delito que castiga la mera recepción de regalos por parte de un cargo público.

En su auto, Pedreira convalida el reciente informe de Hacienda que destapaba cómo el PP había ocultado al fisco 2,5 millones en las elecciones de 2007. Tanto ese informe como el emitido en julio de 2009 por la policía y el que sobre los contratos con Orange Market elaboró en abril de este año la Intervención General del Estado (IGAE) sustentan las imputaciones expuestas en el auto.

Ocho empresas

Además de a Rambla y Costa, el auto señala, entre otros, como presuntos autores al vicesecretario general del PP valenciano, David Serra, y a la tesorera, Yolanda García Santos. Y mete en el saco a Luis Bárcenas, ex tesorero estatal del PP. También entra en el paquete de supuestos infractores penales Pedro García Gimeno, ex director general de Canal Nou, que adjudicó a la red contratos para la visita del Papa.

Ahora, y si Flors decide remitir el auto a sus superiores, De la Rúa se las verá con la contundencia de un auto que cifra en casi un millón de euros (891.893 euros) las donaciones irregulares al PP realizadas por ocho empresas en 2007 y 2008. Tres de ellas irrumpen por primera vez en el caso Gürtel: Hormigones Martínez propiedad del presidente de la patronal alicantina, Rafael Martínez, Pavimentos del Sureste y Grupo Vallalba .

Las donaciones se camuflaron mediante facturas endosadas por Orange Market a las empresas: en realidad se correspondían con trabajos electorales para el PP pero se falseaban para que oficialmente reflejasen servicios a las empresas. En la lista de mercantiles que pagaron gastos del PP figura el grupo Sedesa, propiedad de la familia de Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad