Miércoles, 26 de Mayo de 2010

Parlament y Govern exigen que el alto tribunal se inhiba

Dos informes jurídicos señalan que el TC es «incompetente» para juzgar el Estatut

ALBERT MARTÍN VIDAL ·26/05/2010 - 01:00h

Ernest Benach, ayer, en el Parlament.josé colón

La ofensiva catalana para salvar el Estatut del recorte del Tribunal Constitucional (TC) vivió ayer un nuevo capítulo. El Parlament anunció su intención de remitir al Alto Tribunal un documento jurídico en el que le insta a declararse "incompetente" para sentenciar sobre el texto estatutario catalán o a suspender sus deliberaciones hasta que se acometa su renovación. El documento, obra de los servicios jurídicos de la Cámara catalana, advierte al TC de que se expone a un "colapso".

Casi simultáneamente, el Govern anunció que tomaría la misma decisión tras recibir un segundo informe de la Comissió Jurídica Assessora. La consellera de Treball, Mar Serna fue la encargada de comunicarlo, aunque no disimuló la escasa confianza que tiene el Ejecutivo catalán en la petición: "Es muy difícil porque será el propio TC el que tendrá que decidir si se abstiene".

Los argumentos jurídicos presentados suponen una auténtica carga de profundidad contra el TC. El informe jurídico en que se basa el Parlament alude a la falta de renovación del tribunal, a las vacantes pendientes de cubrir y el hecho de que el Estatut fue votado en referéndum.

Argumentario catalán

Pero, además de esos argumentos ya conocidos, se alude a "la pérdida de las condiciones necesarias que deben garantizar que el tribunal cumpla escrupulosamente los requisitos de independencia e imparcialidad". El mismo documento recuerda la necesaria separación entre los poderes legislativo y judicial y apunta que "el órgano que ejerce el control constitucional no puede suplantar al poder político y legislativo".

Las críticas no paran ahí y se acusa al TC de tener un espíritu opuesto al de la Carta Magna: "No puede interpretar la Constitución de forma que restrinja la libertad de configuración legislativa que el Parlament dispone dentro de los límites establecidos por la Constitución". Además, recuerda que "la autonomía territorial no se concibe como una fórmula de descentralización determinada por la Constitución, sino como un reconocimiento de un derecho al autogobierno".

El informe concluye que "esta voluntad intrusiva e incluso beligerante que se ha hecho pública y notoria excede claramente los poderes que la Constitución otorga al TC".