Lunes, 24 de Mayo de 2010

El Gobierno prohíbe pedir créditos a largo plazo a los alcaldes

Fuerte rechazo municipal a la inesperada medida. Salgado controlará el gasto al detalle

B. CARREÑO / G. AYUSO ·24/05/2010 - 11:52h

Sorpresas para muchos. El real decreto de "medidas extraordinarias para la reducción del déficit público" entra en vigor hoy después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado con varios "añadidos" de última hora que han causado estupefacción en distintos sectores.

El más afectado es el de los ayuntamientos, a los que se les prohíbe pedir créditos de largo plazo hasta el 31 de diciembre de 2011. Bajo la premisa de reducir el déficit del sector público (en el cual se integran las administraciones: central, autonómica y local), el Gobierno ha decidido que las corporaciones municipales no tiren más del crédito.

También bajan un 5% los aranceles de notarios y registradores

La medida puede suponer la paralización de las inversiones previstas, ya que la mayoría de los municipios destinan los ingresos corrientes a gastos corrientes, mientras que las inversiones se financian a través de préstamos financieros. Los ayuntamientos que aún no hayan cerrado acuerdos de crédito tendrán por tanto dificultades para llevar a cabo sus planes de obra pública.

Como reacción a la medida, decenas de ayuntamientos convocaron ayer por la tarde in extremis plenos extraordinarios para aprobar créditos que ya habían negociado con anterioridad con entidades bancarias. Ante el revuelo de la medida, el vicepresidente Manuel Chaves se entrevistó ayer con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro. La Comisión Ejecutiva de la FEMP decidirá hoy si intenta modificar la resolución, algo complicado porque el texto se votará en su conjunto y puede salir su convalidación. "Es una medida que busca la revuelta de los ayuntamientos", explicó el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, adscrita a CiU, Salvador Esteve.

Otra de las sorpresas que escondía el texto publicado ayer es la arrogación de facultades que hace la vicepresidenta del Gobierno para que ningún gasto escape al férreo control de Economía. Así, cualquier proyecto de obra pública que cuente con la participación del capital privado por un valor superior a 12 millones de euros deberá recibir el visto bueno de la vicepresidenta. Esto afecta especialmente al Plan Extraordinario de Infraestructuras de 17.000 millones de euros que promueve el Ministerio de Fomento.

Se respeta la jubilación parcial de los expedientes ya pactados

Además, la vicepresidenta también se reserva la potestad de fijar las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público estatal y de los consorcios con mayoría pública, así como las de los presidentes de agencias estatales y de los entes públicos que se aprueben en 2010, y crea incluso un registro del personal directivo del sector. También controlará las gratificaciones de los militares y sus incentivos.

En cuanto a los sueldos de los funcionarios, la novedad está en que los ingresos de los registradores de la propiedad y los notarios también sufrirán un recorte del 5% al rebajar los aranceles que cobran. Además, el personal de las mutuas de trabajo registrará recortes en sus sueldos, en línea con los de los funcionarios.

Una vez desvelada la aplicación práctica del complejo ajuste en los funcionarios (donde se recorta por un lado salario base y trienios y por otro los complementos) se observan lagunas en la "progresividad", ya que los niveles intermedios de grupos altos, con un salario base alto pero un complemento no tan elevado, terminan siendo más penalizados que los niveles más altos de cada grupo (y que a la postre cobran más).

Además, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el Reina Sofía, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música (INAEM) y la Agencia del Medicamento, se encontraron ayer con que no se convertirán en agencias estatales como estaba previsto.

Hubo una buena noticia para los trabajadores que iban a acogerse este año a la jubilación parcial dentro de un convenio ya aprobado y que aún no han cumplido 61 años. Aunque a partir del 1 de junio sólo se accederá a este tipo de retiro con 61 años, se respetan los compromisos adquiridos en expedientes de regulación de empleo.