Sábado, 22 de Mayo de 2010

La intervención muestra la voluntad del Banco de España para impulsar la reordenación

EFE ·22/05/2010 - 08:49h

EFE - El vicepresidente tercero de CajaSur, Juan Ojeda: el vicepresidente primero, Salvador Blanco; y el secretario general del PSOE en Córdoba, Juan Pablo Durán, tras la reunión del Consejo de Administración de Cajasur en la que se rechazó el proyecto de fusión con Unicaja.

La intervención de Cajasur ha demostrado las dificultades a las que se enfrenta el Banco de España para garantizar la solvencia de las entidades y para lograr que la reestructuración del sistema se ejecute lo antes posible.

El organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez pretende que las operaciones en marcha queden prácticamente ultimadas en el primer semestre del año, si bien las múltiples trabas a las que se enfrenta -políticas, regionales, normativas y hasta personales- han provocado que la reordenación dure más de los previsto, circunstancia que ha levantado críticas en el sector.

El Banco de España ha comunicado a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) -y la patronal ha transmitido a las cajas- que aquellas entidades que quieran solicitar ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en sus procesos de fusión deben notificarlo en la primera quincena de junio, aunque es a final de ese mes cuando termina el plazo para acogerse al fondo, según lo aprobado por la Comisión Europea.

Una vez que termine este proceso, España pasará a contar con poco más de una veintena de cajas, frente a las 45 que existen en la actualidad.

Esto implicará cambios en el actual mapa de entidades que operan en España, el país más "bancarizado" del mundo, ya que además de contar con el mayor número de oficinas por habitante -unas 100 sucursales por cada 100.000 personas-, su red de cajeros automáticos es la más extensa de Europa y una de las más grandes de los cinco continentes.

Cataluña, que era la comunidad que contaba con un mayor número de cajas (10), verá reducidas estas entidades a seis después de que las asambleas de la nueva Caixa Catalunya, formada por la propia Caixa Catalunya, por Manresa y Tarragona, y de Unnim, integrada por las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu, hayan aprobado sus fusiones.

En Galicia, Caixa Galicia y Caixanova continúan trabajando para crear la nueva gran caja gallega, que contará con un volumen de activos de 78.077 millones de euros y que ha protagonizado múltiples titulares por las connotaciones políticas, de ubicación de sedes y de gobernanza que ha despertado.

En Andalucía, Unicaja y Caja de Jaén ya han firmado su fusión, mientras que la intervenida Cajasur finalmente no se ha sumado al proyecto a pesar del "ultimátum" que le había mandado el supervisor invitándola a ello.

Con ese fracaso, se ha desintegrado la posibilidad de creación pacífica de la séptima caja por volumen de activos de España.

Entre otros procesos en marcha, los consejos de administración de Caja de Guadalajara y Cajasol apoyaron ya la fusión de ambas, que está pendiente de ser ratificada por las asambleas de las entidades en junio.

Además, existen múltiples posibilidades adicionales de unión o fusión, como demuestra el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que está llamada a protagonizar otra operación, si bien su pareja aún no ha comunicado públicamente su intención de enlace.

Durante meses se ha especulado sobre Caja Madrid y Caja Murcia como los principales candidatos, aunque en los últimos días han arreciado los rumores sobre conversaciones con la BBK.

Caja España y Caja Duero protagonizarán otra fusión, mientras que, más de un año después de ser intervenida por el Banco de España, Caja Castilla La Mancha (CCM) continúa bajo la gestión del supervisor y esperando a que todo su negocio financiero se integre dentro del grupo Cajastur.

En este proceso de reestructuración, también ha aflorado otro tipo de unión diferente a la fusión tradicional y que en el sector se denomina fusión "fría" o "encubierta": los Sistemas Institucionales de Protección (SIP).

Estos permiten no perder a corto plazo la personalidad jurídica de las cajas, ni sus sedes de oficinas, si bien centraliza políticas financieras, de solvencia y riesgos, y es un mecanismo de apoyo y defensa mutua.