Miércoles, 19 de Mayo de 2010

Puente de lata

ERNESTO EKAIZER ·19/05/2010 - 01:30h

Carlos Dívar, presidente del Poder Judicial y del Supremo, transita por su propia hoja de ruta. El 5 de marzo, en la comida que tuvieron él y los presidentes de instituciones del Estado con el presidente Zapatero, vaticinó en tono informal dos cosas. Una, que a esas alturas veía inevitable ya que el juez Garzón se sentase en el banquillo; dos, que de celebrarse el juicio oral, no habría sentencia condenatoria. Por supuesto, anticipó que aún siendo ese el panorama, él haría todo lo posible para desac-tivar la bomba. Después de dar el plácet a Garzón para poder ejercer como asesor de la Corte Penal Internacional (podía ser el puente de plata de los servicios especiales pero ha quedado en el puente de lata del permiso merced al pasteleo del propio Dívar), a Dívar le queda la segunda parte. Ver autocumplida su profecía: Garzón no será condenado.

El magistrado Luciano Varela, por su parte, intenta asegurar esa sentencia condenatoria, y ello resulta más que evidente en su auto de apertura de juicio oral cuando, llegado al punto sobre el órgano competente para enjuiciar al juez Garzón, en lugar de dejar la composición del tribunal en manos de la Sala Segunda del Supremo, el órgano competente conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala a la sala de cinco magistrados que ha admitido la querella a trámite y que ha resuelto todos los recursos durante la instrucción de la causa. Ese tribunal, según Varela, debería estar formado por Juan Saavedra, presidente de la Sala Segunda; Adolfo Prego, ponente en la causa de Garzón; Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

El problema que plantea esta preselección es que ya existe una sentencia por un caso de prevaricación en el cual el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo estimó que una sala compuesta por algunos magistrados, que a su vez habían formado parte del juzgado que había resuelto los recursos durante la instrucción, violó la imparcialidad. Es el caso Gómez de Liaño. Estrasburgo llegó a esa conclusión al verificar que, en una de sus resoluciones, la sala había ido más allá de controlar la aplicación del derecho material al señalar que el juez acusado exhibía un "estado de ánimo exaltado".

El problema de fondo

Los magistrados de la sala podrán argüir que han tomado nota de esa sentencia y que han cuidado las formas en sus autos. Pero el problema no es sólo la forma sino el contenido de autos como el de rechazo de la petición de sobreseimiento, donde la sala va mucho más allá de limitarse a controlar la aplicación del Derecho como tal.

En todo caso, la defensa de Garzón va a recusar a varios magistrados de esa sala, empezando por el ponente, Prego; al mismo tiempo, está el hecho de que la sala está presidida por Saavedra, que sería el presidente del tribunal caso de accederse a lo que pide Varela. Esa recusación, más que segura por parte de Garzón, a su vez obtendrá, con toda probabilidad, el apoyo de la fiscalía que, a la luz de la doctrina de Estrasburgo (que el Constitucional se verá obligado a aplicar), no tendrá más alternativa que respaldarla.

Dívar, como presidente de la sala del 61, que resuelve estos conflictos, puede esperar o puede abortar el conflicto antes de que estalle.