Miércoles, 12 de Mayo de 2010

Los controladores recurrirán ante el Supremo la sentencia de la Audiencia

La sentencia avala el Real Decreto por el que AENA asume la gestión de su trabajo y modifica sus condiciones laborales

EUROPA PRESS ·12/05/2010 - 18:15h

El sindicato mayoritario USCA estudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Nacional desestimara hoy su demanda de conflicto colectivo en contra del Real Decreto por el que AENA asume la gestión del trabajo de los controladores y modifica sus condiciones laborales, avanzaron fuentes del sindicato. "Recurriremos ante el Tribunal Supremo y agotaremos todas las vías jurídicas en España y si es necesario acudiremos a la legislación europea", indicaron las mismas fuentes.

Los controladores mostraron su sorpresa por la "contundencia" y la "carga añadida" de la sentencia, en la que se entra de lleno a valorar aspectos que no se habían planteado ni en la demanda ni en la vista oral, celebrada hace siete días, por ninguna de las partes. En su opinión, este hecho y la densidad de las argumentaciones demuestra la "rapidez" y "prisa" por resolver esta demanda. Entre estos aspectos, se incluiría el enfoque económico de las situación de AENA, los pactos acordados en el actual convenio, vigente desde 1999, así como el análisis que se realiza en la sentencia sobre el derecho a la huelga.

Asimismo, desde USCA se incidió en que la sentencia viene a reconocer que se utilizó la negociación colectiva en fraude de ley con el acuerdo de pactos entre el ente y los controladores, que no obtuvieron la autorización de la Cecir. En esta línea, calificaron de "increíble" que once años después una sentencia indique dicha negociación ha dejado de cumplir su función. Precisamente mañana, controladores y AENA volverán a sentarse a la mesa en el marco de la negociación del convenio colectivo.

La Audiencia Nacional rechazó hoy la demanda de los controladores por entender que "no presenta dudas razonables de constitucionalidad" y consideró que la ley del Gobierno fue "necesaria, idónea y proporionada para corregir una situación "calamitosa" originada por el convenio colectivo de los controladores, situación que se convirtió "en un estado de excepción permanente que ha durado 20 años".

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