Sábado, 8 de Mayo de 2010

La Ley de la Ciencia ignora la petición de los sindicatos

Las centrales quieren que los contratos cubran también al personal no científico

NUÑO DOMÍNGUEZ ·08/05/2010 - 08:00h

EFE - Felipe Pétriz, secretario de Estado de Investigación.

El esperado proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con el que el Gobierno quiere modernizar el sistema de I+D en España y crear una carrera investigadora con contratos laborales, fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El texto comenzará su trámite parlamentario, pero lo hará sin contar con el apoyo de los sindicatos y los jóvenes investigadores, con los que el Ministerio de Ciencia no ha logrado consensuar el texto.

El mayor punto de fricción entre sindicatos y el Gobierno poco tiene que ver con la ciencia. Se trata de un debate sobre quién podrá beneficiarse de los nuevos contratos previstos por la ley. CCOO, UGT y CSIF quieren que se extiendan a todas las personas que trabajan en centros públicos de investigación, desde los investigadores líderes de equipo hasta el personal administrativo, algo que el Gobierno ha rechazado y no piensa incluir en la nueva ley, según fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación.

"La Administración ha vaciado de contenido el proceso de negociación convirtiéndolo en una farsa", denunció ayer la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en un comunicado. En otro comunicado conjunto, CCOO y UGT reconocen que se han hecho avances durante los dos últimos meses, pero muestran "un total rechazo" ante la "ruptura" de la negociación sobre los contratos el pasado miércoles, tras una reunión con representantes de los ministerios de Presidencia, Economía y Ciencia.

El proyecto tampoco cuenta con el apoyo de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, que agrupa a científicos en formación. "No han tenido en cuenta ni una de nuestras propuestas, es una actitud lamentable", explica Salomón Aguado, portavoz de la organización.

Decepción de los 'precarios'

Una de esas peticiones era que las becas se prohibiesen expresamente, algo que el ministerio considera "imposible", ya que impediría que las instituciones privadas otorguen ayudas. "Estamos muy decepcionados con [Felipe] Pétriz", añade Aguado, en referencia al secretario de Estado de Investigación. Tras el cese de su antecesor, Carlos Martínez, por discrepancias con la ministra Cristina Garmendia, Pétriz llegó en diciembre para aprobar la ley cuanto antes y con el mayor consenso posible. Hasta ahora, ha logrado lo primero a costa de lo segundo.

"Con esta ley vamos a mejorar nuestra capacidad para que el conocimiento se transforme en innovación, riqueza y progreso", señaló ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. El texto no llegará al Congreso de forma inmediata, sino que se demorará aún unos días, según fuentes del ministerio. Antes, intentarán explicar su postura a los sindicatos en una reunión prevista para el martes. El texto incluye pocos cambios respecto al borrador anterior, que ya fue rechazado en marzo por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). "Cuando la organización tenga acceso a la última versión emitiremos una nueva opinión", explicó su presidente, Joan Guinovart.

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