Martes, 23 de Febrero de 2010

El sindicato de la policía denuncia al juez Velasco por ordenar a la Ertzaintza operar fuera de su territorio legal

La Policía Vasca operó en Huesca el pasado dos de febrero en el marco de una operación contra miembros de ETA.

PUBLICO.ES / EFE ·23/02/2010 - 12:10h

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ante la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial por ordenar a la Ertzaintza actuar fuera de su territorio legal. Concretamente, por la detención en Huesca de del presunto etarra Igor Martín Miño durante la operación contra ETA desarrollada el pasado día 2.

En la denuncia que el SUP ha presentado ante la Fiscalía General del Estado se solicita que se proceda a depurar las posibles responsabilidades penales en las que hubiera podido incurrir el juez de la Audiencia Nacional al ordenar a la Ertzaintza salir de su ámbito legal de actuación.

Según explica en una nota el sindicato policial, la orden del juez Eloy Velasco vulnera "flagrantemente" lo dispuesto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley de Policía del País Vasco, que establecen el ámbito territorial donde pueden actuar los distintos cuerpos policiales y señalan las competencias para la Ertzaintza en el territorio de dicha comunidad y dependiendo del Gobierno autonómico.

"En consecuencia con las leyes anteriores, bajo ninguna circunstancia puede actuar dicha Policía autonómica fuera de su territorio, pues carece de la legitimidad legal que le faculta para ello", añade la denuncia.

Posible prevaricación

Asimismo, en el escrito que el SUP ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se solicita al órgano de gobierno de los jueces que abra una investigación y depure las posibles responsabilidades disciplinarias.

Según informa el SUP, el juez "podría haber incurrido en un delito de prevaricación", establecido en el artículo 447 del Código Penal: "El juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dicte sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá  en la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por el tiempo de dos a seis años"

Por último, el sindicato policial también ha remitido un tercer escrito al Ministerio del Interior y ha anunciado que perdirá el pronunciamiento de la Junta de Gobierno del Cuerpo Nacional de Policía sobre los hechos denunciados.