Martes, 9 de Febrero de 2010

El CGPJ inicia los trámites para suspender al juez Garzón por investigar el franquismo

Lo acusan de un presunto delito de prevaricación. El informe que emita el fiscal no es vinculante

PÚBLICO.ES ·09/02/2010 - 13:46h

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. EFE

La decisión del juez Baltasar Garzón de investigar el franquismo le está costando cara. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado solicitar al Ministerio Fiscal un informe sobre la posibilidad de suspender cautelarmente en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con su posible procesamiento por un delito de prevaricación por investigar las desapariciones del franquismo.

Esta decisión supone un primer paso en la posible suspensión del juez si bien el contenido del informe que emita el fiscal no es vinculante para la decisión que finalmente adopte el órgano de gobierno de los jueces, informaron fuentes de este órgano.

El informe que emita el fiscal no es vinculante para la decisión que adopte el órgano de jueces

Esta decisión del Consejo se produce después de que el pasado jueves el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela emitiera un auto señalando que ve motivos para sentar a Garzón en el banquillo, si bien daba la posibilidad al juez de recurrir este escrito ante la Sala de lo Penal del Supremo para que sean los cinco magistrados de la misma los que validen o no esta decisión.

Así, la Comisión Permanente del CGPJ remite a la Fiscalía General del Estado todos los autos dictados por el Supremo en la causa abierta contra Garzón para que pueda fundamentar su informe.

Supremo ve delito

El juez Luciano Varela considera en su auto que Garzón prevaricó al abrir la primera causa penal contra los crímenes del franquismo. Varela entiende que el siguiente paso, el definitivo para juzgar a Garzón, deben darlo  los cinco compañeros  de la Sala de lo Penal.

Se ocupará el presidente de la Sala, Juan Saavedra, y los magistrados Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Joaquín Giménez y Adolfo Prego. Este último fue ponente del auto de admisión a trámite y las acusaciones intentaron apartarlo del caso, tras saber que había firmado un manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica que culpa a los partidos de izquierdas de la Guerra Civil y que es patrono de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES).

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