Miércoles, 3 de Febrero de 2010

Montilla entierra las provincias con la Ley de Veguerías

El president supera la oposición de sus alcaldes y alivia la tensión en el Govern

F. CASAS / A. M. VIDAL ·03/02/2010 - 00:35h

José Montilla.

José Montilla priorizó ayer la convivencia con sus socios en el Govern y dio su aprobación al espinoso proyecto de ley de transición de las cuatro diputaciones actuales a siete veguerías pese a las voces que, dentro de su partido y del mismo Ejecutivo, le aconsejaban guardarla en un cajón.

El president actuó con sigilo y junto a sus socios republicanos. Tras varias reuniones en el Palau la semana pasada con los principales dirigentes de ERC y de sondeos entre los quejosos alcaldes y la cúpula de su partido, partidarios de mantener las diputaciones, acabó por imponer su criterio.

Para contentar a los suyos, el president hizo que el Govern aprobase también la creación el Área Metropolitana de Barcelona, inspirada en la antigua Corporación Metropolitana. Jordi Pujol la habría suprimido en 1987 en medio de los lamentos de los alcaldes del cinturón, que perdían un órgano de prestación de servicios que ahora se restituye con distinto nombre pero mismo fin.

Catalunya adentro, la norma suprime las diputaciones provinciales y crea las veguerías, nuevos espacios de organización e implantación de la administración y, en especial, de los entes locales. Las veguerías serán siete: Barcelona, Camp de Tarragona, Girona, Lleida, Terres de lEbre, Alt Pirineu i Aran y Catalunya Central. Tampoco se cierra la puerta a crear una octava.

Desarrollo progresivo

La norma que se remite al Parlament es, según admitieron Montilla y Ausàs, posibilista y ajustada a la ley. Se aplicará de forma progresiva. Para evitar conflictos deja para más adelante fijar la capitalidad de la Catalunya Central o de lAlt Pirineu i Aran.

La ley resuelve en cambio otros pleitos que habían agitado agravios territoriales y las críticas, ayer, llegaban sólo de la Vall dAran. El Govern aseguró que el nuevo despliegue territorial, viejo objetivo de Pasqual Maragall y al que Pujol nunca hincó el diente, en ningún caso supondrá "un mayor coste económico o incremento de funcionarios", según recalcó Montilla.

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