Jueves, 27 de Septiembre de 2007

Esperanza Aguirre recurre una ley que el PP apoyó en Las Cortes

La Ley de Hidrocarburos salió adelante el 14 de junio en el Congreso y el Senado gracias al apoyo del PP y el PNV. Ahora el gobierno de la Comunidad de Madrid considera que es inconstitucional y que favorece el monopolio de Gas Natural

Juanma Romero ·27/09/2007 - 20:44h

La tregua entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central -si es que la hubo después de la reunión de Esperanza Aguirre y José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, el pasado día 10- se ha acabado. Se ha roto. Ayer cayó una prueba más: la región presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley de Hidrocarburos, aprobada definitivamente en el pleno del Congreso el 14 de junio. El Ejecutivo autonómico arguyó ayer invasión de competencias y ayuda de La Moncloa a la consolidación del monopolio de Gas Natural, el mayor distribuidor de gas en Madrid.

Hasta ahí, todo correcto. El problema es otro. Uno interno: el propio PP votó a favor de la norma estatal, en el Congreso y en el Senado. La pactó de principio a fin con el PSOE, como ocurrió con las leyes de OPA, de Defensa de la Competencia, del Sector Eléctrico o del Consejo de Seguridad Nuclear (ésta aún en trámite en el Senado). Entonces, el 14 de junio, el diputado popular Fernando Castelló expresó su "satisfacción por el resultado" y agradeció la "predisposición" del PSOE y del resto de grupos al acuerdo. "Nunca es tarde si la dicha es buena", resumió Castelló.

El propio PP pactó la ley de principio a fin con el PSOE
El diputado, en su defensa de la reforma ante el pleno, ni siquiera aludió a una enmienda que su grupo mantenía viva desde el comienzo de la tramitación parlamentaria y que afecta al artículo 73, el mismo que ha impugnado la Comunidad de Madrid. Según la redacción final de la ley, la Administración deberá otorgar "preferentemente" a las empresas suministradoras de gas que ya operan en una zona la adjudicación de nuevas instalaciones de distribución. El PP, primero, y ahora la Comunidad de Madrid, entiende que se impide la libre concurrencia de compañías gasistas y que se atenta contra la liberalización que promueve la propia UE.

"El recurso del PP ante el Tribunal Constitucional no tiene fundamento", explica el diputado socialista Luis Tomás, que llevó el peso de la tramitación en el Congreso. "Confunde la libre comercialización, que queda protegida por la ley, con la distribución del gas, en la que domina la eficiencia de costes. Incluso el PP entendía en las Cortes que la propuesta del Gobierno era la más viable. Se trata más bien de hacer ruido, de patalear por los Presupuestos de 2008", en los que la inversión del Estado en Madrid crece un 0,49%.

El PP del Congreso reconoce y asume su sí contundente a la ley. "No hay duda", dicen. Desde la Consejería de Economía de la Comunidad, en cambio, inciden en que la diferencia la marca el artículo 73. "No es una reacción a las Cuentas de [Pedro] Solbes. Los servicios del Gobierno regional entendieron que se vulneraban nuestras competencias. Y que se perjudicaba el libre mercado, como decían nuestras enmiendas en las Cortes". Cierto, pero de la posible invasión de competencias el PP nunca dijo nada. Ni en el Congreso ni el Senado.