Viernes, 21 de Noviembre de 2008

"Si mi madre no tiene aquí justicia, la buscaré fuera"

La familia de una maestra asesinada en 1936 acudirá a la justicia internacional tras rechazar el TC su demanda

Á. MUNÁRIZ / R.BOCANEGRA ·21/11/2008 - 08:06h

R. CARO - Un retrato de su madre preside el salón de Rocío Cobacho en La Chica Carlota.

La justicia ha dejado sin opciones en España a Rocío Borrego Cobacho, hija de Ricarda Ana Cobacho Cañete, maestra de ideas avanzadas asesinada en Jauja (Córdoba) en 1936, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.

Tras un peregrinaje judicial de cuatro años pidiendo en vano la investigación del crimen, el Tribunal Constitucional (TC), en un auto del 27 de octubre, desestimó por cuestiones de forma el recurso de amparo presentado por Borrego.

La propia Fiscalía del TC había interpuesto un recurso de súplica en favor de la admisión a trámite del caso. Aunque no entra en el fondo del asunto, la desestimación echa el freno al primer caso de fosas del franquismo que llega al TC. Pero ni Rocío ni sus nueve hijos se rinden. "Sólo queremos que se aclare qué pasó. Si aquí no obtenemos esa justicia, nos iremos a Europa", asevera Rocío.

"Sólo queremos que se aclare qué pasó. Si aquí no obtenemos esa justicia, nos iremos a Europa"

La decisión de sacar el tema de España está tomada, confirma uno de los hijos, que prefiere no aparecer en esta información "porque ella [su madre] es la voz de todos".

La opción más probable es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. "Mientras yo o mis hijos vivamos, no nos rendiremos. Debería arreglarse aquí. Pero, si no, iremos a Europa", afirma Rocío.

Criterios fiscales diferentes

El caso de Ricarda Ana es citado en el auto en el que el juez Baltasar Garzón se inhibe de la investigación de los crímenes del franquismo como el "más clamoroso" de "inseguridad jurídica para las víctimas".

"El Fiscal del Tribunal Constitucional sostiene en su recurso la tesis exactamente contraria a la del Fiscal de la Audiencia Nacional", afirma Garzón en su auto. El juez hace referencia a una diferencia de criterio evidente sobre la prescripción del delito.

En su recurso contra la primera decisión de Garzón, el fiscal Javier Zaragoza señalaba que los delitos de la guerra civil estarían prescritos.

En las desapariciones, "únicamente cabría admitir un momento diferente para el cómputo del plazo de prescripción en los casos en que se produjera la liberación del secuestrado", según Zaragoza, cosa imposible en los casos como el de Ricarda Ana. No cabría pues la apertura de la fosa, al no existir ya responsabilidad penal.

Por contra, en su recurso de súplica, el fiscal del TC -de mayor rango que Zaragoza- considera la detención ilegal como "delito permanente [...], lo que tiene una decisiva incidencia en el régimen de su prescripción". El fiscal señala que el cómputo se abriría con el hallazgo del cuerpo, lo que eventualmente permite la exhumación de fosas.

La primera denuncia

La denuncia de la familia de Ricarda Ana ante el juzgado de instrucción 2 de Lucena (Córdoba), de 20 de octubre de 2004, es muy breve. Rocío declara que su madre "desapareció a primeros de noviembre de 1936, siendo la misma detenida por la Guardia Civil de Jauja, donde estuvo tres días en el cuartel, y desde esa fecha no sabe absolutamente nada".

La Audiencia invocó una Declaración del Congreso que decía que había que evitar "reabrir viejas heridas"

Los varapalos judiciales comienzan en octubre de 2004, cuando este juzgado decreta el archivo de la demanda. Llegado el caso a la Audiencia Provincial tras fracasar las apelaciones en Lucena, es desestimado en noviembre de 2005 con una resolución que no admitía recurso.

La Audiencia invocaba la Declaración del Congreso de 20 de noviembre de 2002, que señala que debe evitarse cualquier iniciativa que sirva para "reabrir viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil". "Como la que hoy deduce la recurrente", apostillaba el fallo. La familia presentó entonces ante el TC un recurso de amparo por vulneración del derecho de tutela judicial efectiva, que el TC no admitió. El fiscal presentó entonces su recurso de súplica. Y ahora el constitucional, en su auto de 24 de octubre, enfría las aspiraciones de Rocío y sus hijos al considerar que el recurso de la fiscalía "se sustenta en argumentos que no están presentes en la demanda de amparo".

Librepensadora republicana

La familia de Ricarda Ana insiste en que está dispuesta a emprender un camino en el extranjero. La descripción que les ha llegado de ella es la de una maestra librepensadora de ideas republicanas.

"Alguna vez se paseó con la bandera", cuenta su hija. Casada con un comerciante, su posición acomodada no la libró. "Fueron a buscarla a casa dos guardias y cuatro falangistas", recuerda Rocío.

Reuniendo testimonios, sus nietos han reconstruido un auténtico calvario previo al tiro de gracia. Tras su muerte, expoliaron su tienda y su casa. A la abuela de Rocío, la hicieron tomar aceite de ricino, y pasearse rapada y descompuesta. "Mi padre se volvió loco y murió siete años después", añade. "Y nosotros, los cuatro hijos, pasamos hambre, pero hambre", recalca Rocío. Cree que su madre está enterrada en el Arroyo La Coja, en Jauja.

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