Martes, 18 de Noviembre de 2008

Los juzgados podrían negarse a tramitar la causa de las fosas que les va a enviar el juez Garzón

La Asociación Profesional de la Magistratura considera que cada uno de estos juzgados "podría considerarse incompetente para la instrucción de esa causa" o provocar sentencias contradictorias

PÚBLICO.ES / AGENCIAS ·18/11/2008 - 19:39h

EFE - Asistentes al acto celebrado en el cementerio de San José, en Almería, organizado por asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora, ha asegurado que los juzgados de las distintas provincias pueden negarse a tramitar la causa sobre las fosas de la Guerra Civil española que les va a enviar el juez Baltasar Garzón .

Antonio García, portavoz de la APM, ha dicho que "en principio no hay por qué presumir" que estos juzgados van a admitir a trámite el sumario que les envía Garzón. Según García, cada uno de estos juzgados "podría considerarse incompetente para la instrucción de esa causa", al considerar que la causa que les envía Garzón no es susceptible de investigación judicial.

El portavoz de la APM destacó que la negativa de alguno de estos juzgados a investigar las fosas de la Guerra Civil podría dar lugar "a la existencia de un conflicto negativo de competencia".

Por último, García indicó que si hay juzgados que admiten a trámite la cuestión de las fosas comunes, entonces habría que plantearse si estos tribunales necesitan algún tipo de refuerzo para hacer frente a la investigación sobre las fosas comunes.

"No hacían falta 152 folios"

"Para declarar que no existe responsabilidad penal porque los autores de los supuestos hechos a investigar están fallecidos no hacían falta 152 folios", ha señalado el portavoz de la APM, Antonio García, quien criticó que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tenga "la pretensión de sentar doctrina" a sus compañeros de los juzgados territoriales a los que ha trasladado la investigación cuando "no es su superior jerárquico".

El portavoz de la APM ha señalado que la inhibición del magistrado a favor de los juzgados de las provincias en las que se han localizado fosas comunes "corrobora con una demora innecesaria que la Audiencia Nacional no ostenta competencias para investigar delitos relativos a unos hechos que desde el punto de vista judicial tenían una apariencia extremadamente dudosa".

"Para esto, tampoco hacían falta todas estas alforjas"

En términos similares se expresó el portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, Miguel Angel Jimeno, quien ha señalado que, "si la conclusión es que los presuntos responsables de esos hechos están fallecidos, quizá no debería haberse seguido ese camino". "Para esto, tampoco hacían falta todas estas alforjas", apuntó.

Por su parte, Lorenzo del Río, representante de la asociación independiente Francisco de Vitoria, afirmó a Europa Press que la decisión de Garzón "se veía venir" porque "no se puede imputar a personas que no están vivas como posibles autores de un delito".

"La vía penal daba muchísimos problemas y se han cumplido las previsiones", indicó.

"Resoluciones contradictorias"

Los portavoces de la APM y JpD también coincidieron en que la decisión adoptada hoy por Garzón puede "frustrar las expectativas" que se habían hecho los familiares de las víctimas y provocar ahora "resoluciones contradictorias" en los juzgados territoriales a los que el juez había remitido la causa. "Hay personas que pueden sentirse defraudadas al comprobar que el derecho no siempre lo puede todo", dijo García.

Esta decisión puede provocar "resoluciones contradictorias"

En relación con el traslado de la causa, Jimeno respaldó que los juzgados provinciales en los que se han localizado fosas comunes autoricen las exhumaciones de cadáveres pero consideró "muy difícil" que todos actúen "de forma coordinada" y se hagan cargo del resto de aspectos de la investigación.

En este sentido, consideró que la actual es "una situación de impasse" que, a su juicio, debería resolver la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con "un pronunciamiento de cierre y situación que permita marcar los territorios".

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