Jueves, 13 de Noviembre de 2008

Una estafa de 3.000 millones

Los indicios de un fraude masivo en el negocio solar apuntan a los Gobiernos autonómicos

ANTONIO M. VÉLEZ ·13/11/2008 - 22:10h

La CNE ha encontrado irregularidades en la mitad de los parques que ha investigado. JÚPITER

El fraude en el sector solar puede ascender a 3.000 millones de euros, según fuentes conocedoras de la investigación que ha abierto la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a petición del Gobierno y que fue adelantada por Público el pasado 23 de octubre. La cifra no es definitiva. Si se confirma, dejará en anécdota el montante de otros fraudes similares, como los 120 millones de las ayudas al lino.

Esos 3.000 millones son una estimación que resulta de los 600 megavatios (MW) fotovoltaicos que están bajo sospecha y corresponde a la retribución a la que tendrían derecho esas plantas durante los próximos 25 años. Ese dinero saldrá de un porcentaje de la tarifa eléctrica que pagan todos los usuarios.

La clave del asunto está en el cambio legal en vigor desde el pasado 29 de septiembre, impulsado por el Ejecutivo ante el boom especulativo de esta fuente de energía. Con esa modificación, muy criticada por los promotores solares, el Ministerio de Industria redujo hasta un 36% la retribución que reciben este tipo de instalaciones.

Las plantas figuran como inscritas sin estar terminadas

para cobrar más

Supuestamente, las plantas sospechosas figuran inscritas en el registro de instalaciones solares como si estuvieran operativas antes de octubre sin estar realmente terminadas. Esa inscripción les da derecho a cobrar la antigua prima.

Los 3.000 millones corresponden a la diferencia entre la antigua retribución y la actual de aquí a  2033, por lo que el 99% del dinero aún no se ha pagado. La cifra podría quedarse corta. En Industria creen posible que el número de instalaciones irregulares sea todavía mayor.

Algunas fuentes elevan la cifra a 2.000 MW. El sector considera la cuantía descabellada. Supondría que más de la mitad de los paneles solares fabricados este año en todo el mundo han ido a parar a España.

Además, los productores fotovoltaicos argumentan que, en muchos casos, las instalaciones están en regla pero no se han conectado a la red porque las distribuidoras, como Iberdrola, Endesa o Unión Fenosa (que también generan energía y, por tanto, son competidoras) han retrasado deliberadamente el enganche alegando problemas técnicos o de saturación.

Si se probara su existencia, las consecuencias de un fraude masivo serían imprevisibles. El permiso para las plantas lo dan las comunidades autónomas, que otorgan un acta de inscripción a las empresas. Y se cree que ha habido manga ancha en algún caso. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura (gobernadas, la primera, por el PP y el resto, por el PSOE) centran las sospechas.

Conflicto

Contra esa autorización administrativa, subrayan fuentes del sector, sólo cabe un recurso judicial, lo que hace temer un conflicto en los tribunales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Por ello, no hay que descartar una solución de compromiso para evitar un choque entre administraciones. En alguna de las instalaciones investigadas, como ya apuntó en su momento este periódico, se ha encontrado un terreno baldío: ni rastro de placas solares.

Según publicó ayer Cinco Días, la CNE ha investigado ya cerca de 300 instalaciones fotovoltaicas (un 5% del total bajo sospecha) en todas las comunidades autónomas, atendiendo al peso proporcional de esta fuente en cada una. En la mitad de los casos hay irregularidades.

La CNE debe calibrar ahora las consecuencias económicas y jurídicas. Una vez analizadas las alegaciones de las empresas y de las comunidades autónomas, el regulador podría abrir expedientes sancionadores.

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