Lunes, 10 de Noviembre de 2008

La despenalización del aborto echa a andar

El Congreso escucha a los primeros expertos para elaborar en 2009 una nueva ley del aborto

PATRICIA RAFAEL ·10/11/2008 - 17:12h

Una mujer oculta su rostro tras una máscara en una manifestación a favor del aborto.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, lo avanzó cuando el pasado septiembre anunció la elaboración de una nueva ley del aborto : debe garantizar la seguridad jurídica de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, así como la equidad territorial en todas las comunidades autónomas. Estos dos mismos aspectos fueron reclamados por los primeros expertos que asistieron a la subcomisión de Igualdad del Congreso, que estudia desde ayer la reforma de la normativa.

Tanto Justa Montero, de la coordinadora estatal de asociaciones feministas, como Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, señalaron que la única manera de solucionar "la inseguridad jurídica" que sufren ahora las mujeres que abortan es situar la interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal. Tras su comparecencia, a propuesta del grupo socialista, Soleto explicó que el aborto es un "elemento de garantía" y que "no debe ser un delito despenalizado, sino que tiene que estar íntimamente relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

Equidad territorial

Por este motivo, ambas comparecientes también señalaron la necesidad de que la nueva ley garantice que se pueda abortar en todas las comunidades autónomas y que puedan acceder a esta prestación todas las mujeres, independientemente de sus recursos.

En la actualidad, en cinco comunidades (Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia, más Ceuta y Melilla) no hay ningún servicio público que realice interrupciones voluntarias del embarazo, según un estudio presentado en junio por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). En Navarra, la prestación ni siquiera se oferta en los centros privados.

Montero, que compareció a propuesta de IU, fue más allá y reclamó una legislación sobre la objeción de conciencia de los profesionales. En su opinión, y así lo expuso a los diputados, si bien es cierto que los médicos pueden acogerse a la objeción, no debería ser así para "las instituciones públicas". "Las instituciones, en este caso los hospitales, tienen que garantizar que si un médico no quiere realizar un aborto, otro sí lo vaya a hacer", explicó.

Quien se mostró completamente opuesto a esta regulación fue el experto propuesto por el Partido Popular, el presidente del grupo provida Foro de la Familia, Benigno Blanco. "No se puede violar un derecho fundamental reconocido por la Constitución", afirmó. Durante su comparecencia, el presidente del foro denunció que el debate parlamentario actual responde "a los intereses económicos de las empresas que han hecho del aborto un negocio", en referencia a las clínicas acreditadas para realizar interrupciones.

Lo cierto es que la sanidad pública apenas garantiza este derecho. El 97,49% de los abortos registrados en 2006 en España se realizaron en clínicas privadas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Algunas comunidades, como Andalucía, tienen conciertos con estos centros, y en otros casos, como Extremadura, la única alternativa para las mujeres son las clínicas privadas.


Las claves

Una ley que sólo admite tres supuestos

1. Sin plazos con riesgo para la salud de la madre

La ley actual del aborto, aprobada en 1985, sólo permite abortar en tres supuestos: cuando existe un riesgo para la salud de la madre, en caso de violación y cuando el feto tiene graves malformaciones. Para el primer supuesto, no existe plazo de tiempo, pero para el segundo, sólo está permitido en las primeras 12 semanas y en el tercer caso, siempre que el aborto se realice dentro de las 22 primeras semanas.

2. Plazos y supuestos

Las dos expertas que acudieron ayer al Congreso a propuesta de IU y PSOE, Justa Montero y Marisa Soleto, coincidieron en apostar por una ley que combine plazos y supuestos. Montero apostó, en concreto, por estudiar lo mejor de cada ley europea y aplicarlo a la realidad española.

3. El 94% de los abortos se realizan en 16 semanas

El 94,08% de los 100.000 abortos que se registraron en España en 2006 se realizan dentro de las 16 primeras semanas de gestación. El 62,2% de ellos, más de la mitad, fueron practicados antes de las ocho semanas.

4. Expertos en el congreso y en Igualdad

En paralelo a la subcomisión del Congreso, trabaja desde hace mes y medio el comité de expertos nombrado por Igualdad. El objetivo del Gobierno es que el año que viene entre en vigor una nueva ley del aborto. El grupo de trabajo del parlamento volverá a reunirse el próximo martes.

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