Martes, 4 de Noviembre de 2008

Andalucía garantiza por ley el derecho a una vivienda digna

RAÚL BOCANEGRA ·04/11/2008 - 21:14h

El Gobierno andaluz (PSOE) dio ayer un paso más para que vea la luz la primera ley en España que garantizará a los ciudadanos el derecho efectivo al acceso a una vivienda digna (artículo 47 de la Constitución). Los ayuntamientos y la Junta estarán obligados –a través de pisos protegidos y un sistema de ayudas– a facilitar a las personas inscritas en un registro público una vivienda adecuada. Los ciudadanos podrán estar en ese registro (que se creará en cada municipio y estará supervisado por la Junta) si no pueden comprar una vivienda libre (gana menos de 3.100 euros), no tienen otra casa, acreditan “estar en disposición de llevar vida independiente” de la de su familia y están empadronados (se podrá exigir un tiempo de arraigo) en Andalucía. La ley se aprobará en el parlamento a principios de 2009.

Para reforzar el cumplimiento del derecho, la norma prevé que el solicitante de la vivienda pueda acudir a los tribunales. Las condiciones son: que pasen dos años desde que la norma entre en vigor y que en esa fecha el ayuntamiento que ha incluido al ciudadano en el registro, no haya puesto en marcha un plan destinado a facilitar el acceso de sus habitantes a un piso, ya sea de alquiler o en propiedad. Lo que puede reclamar no es directamente una casa, sino que el consistorio o la Junta pongan los medios para que tenga la posibilidad de habitarla. Así lo puntualiza la consejería de Vivienda en un comunicado: “La norma no garantiza la titularidad de una vivienda, sino el derecho a acceder a la misma creando las condiciones favorables para ello”.

Para promover esas “condiciones favorables”, la Junta se obliga a lanzar un plan autonómico, revisable al menos cada cinco años, que contemple fundamentalmente las prioridades geográficas en vivienda protegida y la previsión de las ayudas y subsidios que sean necesarios. Entre ellos, el proyecto contempla específicamente los préstamos en mejores condiciones que las habituales, las ayudas a la entrada del piso y para facilitar el pago del alquiler y también las destinadas a los promotores.

Esfuerzo de los consistorios

La ley obligará también a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a hacer un esfuerzo. Deberán determinar en sus planes municipales las necesidades de vivienda en su municipio, la localización de las VPO, las medidas que van a adoptar para erradicar la infravivienda y las ayudas que consideren necesarias para garantizar el derecho a la vivienda. Además, los Planes Generales de Ordenación Urbanística –el instrumento de que disponen los consistorios para regular el crecimiento de sus ciudades– deberán incluir las determinaciones “precisas para cubrir las necesidades de vivienda” que recojan los planes. Para asegurar que los municipios cumplen con los objetivos, la Junta podrá obligar a los ayuntamiento a reservar cualquier clase de suelo para vivienda protegida. La consejería de Vivienda dará ayudas a los consistorios para la creación del registro de demandantes de vivienda y para la elaboración de los planes de vivienda.

La ley también incluye la posibilidad de un alojamiento transitorio para  las personas que viven en la calle y no llegan a una VPO.

La Junta calcula que beneficiará a 300.000 andaluces

Un total de 300.000 andaluces podrán acceder en diez años a una vivienda pública en régimen de compra o alquiler, de los cuales más 130.000 lo harán hasta el 2012. “El compromiso de las administraciones para promover la construcción de viviendas adecuadas a precios asequibles debe ser una realidad”, aseguró el consejero de Vivienda, Juan Espadas. La futura ley, según Espadas, tendrá “completamente garantizada” su financiación. El actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 recoge inversiones superiores a los 11.000 millones. Y la Estrategia de Competitividad prevé para el mismo periodo una inversión de 2.559,1 millones por parte de la Consejería de Vivienda.