Lunes, 18 de Agosto de 2008

Sanción récord a Ascó por una gestión deficiente

El CSN propone multar a Endesa con 22,5 millones de euros, poco más de lo que ganan en un día. El Gobierno tiene ahora cuatro años de plazo para decidir qué hace

El CSN y la venda en los ojos, por Carlos Bravo

MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE ·18/08/2008 - 21:23h

Albert Gea - Ciudadanas ante la central de Ascó ayer.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) propuso este lunes al Ministerio de Industria la apertura de un expediente sancionador a la central nuclear de Ascó I (Tarragona) por su mala praxis en el suceso del 26 de noviembre del año pasado, al detectarse la contaminación del sistema de ventilación con material radiactivo cuando se realizaban operaciones de limpieza en el edificio del combustible gastado.

La propuesta de CSN es que el Gobierno multe a la planta, propiedad de Endesa, por cuatro sanciones graves y dos leves por los "fallos significativos en el control y suministro de información al Consejo por parte del titular de la planta", y por los daños potenciales de la liberación de partículas radiactivas al exterior. No obstante, el Consejo volvió a reiterar que "no ha existido daño a la población ni al medio ambiente". Se han realizado más de 2.600 mediciones a personas que visitaron la planta desde el pasado noviembre, y en ninguna se ha detectado indicio alguno de contaminación.

El importe de la sanción final, que deberá determinar el Ministerio de Industria, podría oscilar entre los 9 y los 22,5 millones de euros. Fuentes del departamento que dirige Miguel Sebastián explicaron a Público que existe un plazo de tres años para iniciar el expediente sancionador y otro año más para tomar la decisión final. Por su parte, las compañías eléctricas, a través de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), indicaron ayer que una vez que Industria notifique la propuesta de sanción, ésta "se analizará y se efectuarán las alegaciones pertinentes".

Una multa ¿ejemplar?

La cuantía de 22,5 millones de euros supondría, en caso de que el Gobierno ratifique la propuesta del CSN, la máxima sanción impuesta a una central nuclear española. Sin embargo, la cifra es casi insignificante en las cuentas de resultados de la eléctrica: Endesa ganó el año pasado 6.002 millones de euros.

La mayor multa impuesta hasta ahora a una central española se la había llevado Vandellós II (Tarragona), propiedad de Endesa e Iberdrola, y ascendió a 1,6 millones de euros por los problemas de corrosión detectados en el sistema de aguas esenciales de refrigeración del reactor y que se calificaron como nivel 2 en la escala INES. Esta sanción es anterior a la reforma legislativa, aprobada a finales del año pasado, que incrementó notablemente la cuantía de las multas.

El expediente que el CSN ha remitido a Industria establece seis sanciones: cuatro calificadas como graves y dos como leves. La más grave se debe a la "emisión radiactiva con potencial de superación del límite anual de dosis para el público en el interior del doble vallado de la central".

Asimismo, las sanciones graves se han producido por incumplir la obligatoriedad de establecer controles de contaminación externa del personal, una vez descubierta la contaminación del emplazamiento; no delimitar radiológicamente las zonas de libre acceso de la central; no notificar los hallazgos de partículas realizados el 14 de marzo hasta el 4 de abril; no proporcionar al inspector del CSN información "pronta y veraz"; y no dejar constancia de la contaminación encontrada en las zonas de libre acceso.

Chatarra en un camión

Las dos sanciones leves se han producido por no haber emitido el informe sobre el suceso y por no evitar que un camión de chatarra que contenía partículas radiactivas saliera de la central, el pasado 21 de abril. Las carencias en la información llevaron al CSN a recalificar el suceso de nivel 1 a 2 en la escala internacional INES. Todo este despropósito de malas actuaciones y pésima gestión llevó a los titulares de la planta a destituir el pasado abril al director de la misma, Rafael Gasca, y al jefe de Protección Radiológica, Francesc González Tardiú.

Por su parte, las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción creen que la posible cuantía de la multa es "benévola" y que "no resulta disuasoria para evitar una repetición de los hechos". El diputado socialista Francesc Vallés aseguró a EP que la propuesta de expediente demuestra que "ha habido negligencia y ocultación de información, que es lo más grave del suceso". El portavoz parlamentario del PP en Medio Ambiente, Carlos Floriano, apostó, por su parte, por que la sanción sea "disuasoria".

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