Viernes, 15 de Agosto de 2008

La burbuja fotovoltaica, a punto de pincharse

En septiembre se rebajan los incentivos a la energía solar, que han permitido un crecimiento sin precedentes de estas instalaciones y han convertido en España en la segunda potencia mundial

A. M. VÉLEZ ·15/08/2008 - 22:34h

Al maná de la energía solar en España le quedan dos telediarios. El próximo 29 de septiembre debe entrar en vigor el nuevo marco de primas del sector impulsado por el Ministerio de Industria.

Será un régimen bastante más restrictivo que el actual, que, sobre todo en el último año, ha permitido una explosión de esta fuente de energía gracias a su generosa retribución. Tanto, que, como dice una fuente gubernamental, el negocio fotovoltaico “se ha convertido en una actividad financiera, más que energética”, con los llamados huertos solares: productos de inversión financiados por los bancos, que ofrecen rentabilidades de en torno al 9%.

Hace un año, el anterior titular de Industria, Joan Clos, puso fecha de caducidad al sistema vigente al constatar que los objetivos para 2010 en solar estaban a punto de cumplirse. Tras el anuncio, se dispararon las peticiones para poner en marcha nuevas instalaciones y acogerse al actual sistema (el cambio no será retroactivo). Hasta mayo, había en España 1.085 megavatios (MW) solares, según la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Al cierre de 2006, eran 156 MW.

Una evolución espectacular que sólo pude definirse con una palabra: burbuja. Un aluvión de paneles que, juntos, ocuparían, según Industria, un kilómetro cuadrado de superficie, equivalente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid o el centro histórico de Toledo.

Pero el de la fotovoltaica no es un problema de espacio. Tampoco de falta de sol, ya que España reúne condiciones inmejorables para esta energía. Sólo Alemania (con menos horas de sol al año) le lleva la delantera, con 3.800 MW instalados al cierre de 2007 y una potente industria local.

El meollo está, claro, en el dinero. Con la tarifa eléctrica (es decir, con la aportación de todos), los parques solares reciben una retribución que, en su momento, se diseñó para favorecer el despegue de un sector en pañales. Este año, el coste de esas subvenciones será de 800 millones. Supone un tercio de todas las ayudas a las energías renovables. Éstas (eólica, solar, biomasa…) generan el 20% de la electricidad. Sin embargo, la fotovoltaica sólo aporta el 1,4% de la producción verde, incluso sin contar la hidroeléctrica.

Producto nacional

La explosión solar también se nota en la balanza comercial española, ya que menos del 30% de las placas instaladas en 2007 eran de fabricación nacional. Resultado: 2.500 millones en importaciones de paneles, sobre todo, de Alemania, Japón y China. Este año, la cifra puede duplicarse. “Lo que no puede ser es que creemos empleo allí; nuestra idea es apostar por la fotovoltaica pero crear empleo en España, estimulando la producción nacional de paneles”, dijo recientemente a Público el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

El sector no discute la existencia de una fuerte especulación que ha atraído a mucho advenedizo. Pero discrepa sobre el remedio. Tanto, que el cambio de marco viene precedido de un cisma entre las empresas, con la reciente creación de una nueva patronal que reúne a las más potentes (sobre todo, fabricantes de paneles).

En lo que no hay fisuras entre las empresas es en el rechazo a la nueva regulación. El sector acusa al Gobierno de querer acabar con el llamado déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico) a costa del sector solar, aunque el agujero del déficit (15.000 millones acumulados) es mucho mayor que el coste de esta energía.

Las claves del nuevo régimen ya se conocen: en 2009, ya no podrán instalarse en España más de 300 MW solares por año, a 75 MW el trimestre. Pasado ese umbral, los nuevos parques cobrarán menos. Las primas serán distintas en función de si las instalaciones son de techo (en lo alto de los edificios) o de suelo, con el objetivo de incentivar las primeras.

La subvención de las primeras se reducirá un 26% menor y la de las segundas,un 35%.

La CNE ha pedido un período transitorio para el último trimestre de este año y una aplicación gradual de la normativa para el próximo año. El Ministerio de Industria no está por la labor.