Jueves, 7 de Agosto de 2008

Las transferencias que no llegan

El Gobierno vasco denuncia que todavía hay 37 competencias gestionadas por el Estado en contra de lo que fija el Estatuto. Moncloa contesta que sólo quedan 12 "por resolver"

IÑIGO ADURIZ ·07/08/2008 - 18:04h

Casi treinta años después de la aprobación del Estatuto de Gernika, el tema de las competencias exclusivas del Gobierno Vasco, reconocidas en el texto autonómico pero que todavía no han sido transferidas por el Estado en su totalidad, sigue siendo objeto de debate entre ambas administraciones. Hace unas semanas fue la ministra de Innovación, Cristina Garmendia, la que volvió a encender la chispa, cuando aseguró que todavía no era el “momento adecuado” para el desarrollo completo del Estatuto, negando así la posibilidad del traspaso de Investigación, una de las 37 competencias recogidas por el texto que, según fuentes del Gobierno vasco, siguen dependiendo de Madrid.

Esto sirvió al propio lehendakari, Juan José Ibarretxe, tan criticado por Moncloa por no respetar “las reglas del juego” democrático al convocar su polémica consulta, para cambiar los papeles y señalar al Gobierno central con el dedo acusador por no cumplir el texto autonómico. Así, criticó una actitud del Gabinete de Zapatero que definió como “el no, porque no me da la gana”. El pasado 28 de julio fue el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Josu Erkoreka, el que en su reunión con el presidente del Gobierno reclamó de nuevo que se transfieran a Euskadi las competencias pendientes, llegando a condicionar el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado.


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Voluntad del Gobierno

El de Zapatero es el único Ejecutivo desde la creación del llamado Estado de las Autonomías, que por el momento no ha realizado ninguna transferencia de competencias a Euskadi, algo por lo que, desde filas nacionalistas, culpan al propio presidente. La vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, cree que “si incumplir las reglas del juego es dividir a la sociedad vasca”, como sostiene Moncloa en referencia a Ibarretxe, “Zapatero podría pasar a la historia como el que más ha contribuido a la división de la sociedad vasca”.

En realidad, el parón de las transferencias viene de antes, ya que en la segunda legislatura de José María Aznar (2000-2004) tampoco hubo cesión de competencias. El último traspaso se produjo en materia de Carreteras, en 1999, cuando el PP aún mantenía buenas relaciones con los nacionalistas vascos y catalanes.

El Ministerio de Administraciones Públicas asegura, en respuesta a varias preguntas planteadas por Público, que desde 1992 el Ejecutivo vasco “nunca ha explicitado en una lista a la Administración del Estado esas solicitudes concretas” que ahora reclama.

Entonces, el Parlamento vasco remitió al Gobierno un informe que recogía 55 traspasos que, “tras una depuración posterior”, se transformaron en 37. De esas posibles transferencias recogidas hace 16 años, “25 han sido ya resueltas por haberse hecho efectivas mediante el correspondiente acuerdo de traspaso o por haber tenido respuesta en alguna ley estatal”, indican desde el ministerio.

Además, aseguran que, pese a las quejas del tripartito vasco, “otras materias” incluidas en esa lista final, como Meteorología, Centros de Investigación o Fondo de Protección a la Cinematografía, “no precisan el traspaso de medios estatales para que la comunidad autónoma pueda ejercer plenamente sus competencias”.

Por otro lado, apuntan a que en estos cuatro años de Gobierno socialista “no se ha podido llegar a acuerdos” con Euskadi “porque, en algunos casos, el Gobierno vasco no ha mostrado interés en determinados traspasos que sí podrían negociarse” y en otros, “el Gobierno de España, obligado a aplicar criterios de inteligencia y oportunidad en defensa del interés general, ha considerado que no es aun el momento de hacerlo”.

El Gobierno vasco, por contra, considera que las reticencias de Madrid a los traspasos se deben a una estrategia para dificultar la plena autonomía. Más allá de los argumentos cruzados, parece evidente que el conflicto competencial no se solucionará antes de las próximas elecciones vascas, previstas para febrero de 2009. Y es que el empeño de Ibarretxe en celebrar su consulta, considerada ilegal por el Gobierno de Zapatero, y el cálculo electoral de los socialistas, convencidos de que pueden derrotar al PNV, dificultan aún más el acuerdo entre ambas partes.

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