Sábado, 2 de Agosto de 2008

"Nada ha cambiado sobre el terreno"

JUSTICIA INTERNACIONAL: La violencia sexual, asignatura pendiente. Ni las nuevas leyes ni los tribunales internacionales han logrado frenar el uso de la violación como arma de guerra

ISABEL COELLO ·02/08/2008 - 22:00h

BEN CURTIS/AP - Kula, de 47 años, víctima de una violación en grupo por parte de rebeldes, en un centro para mujeres traumatizadas en Liberia.

En la guerra en la República Democrática de Congo hubo más de 60.000 mujeres violadas. El Tribunal Penal Internacional (TPI) arrestó al líder rebelde Thomas Lubanga, de la región [noreste] de Ituri. Sabemos que miles de mujeres fueron violadas por las tropas de Lubanga. Pero el fiscal le ha acusado sólo por reclutar a niños soldado. Estamos decepcionadas". Las palabras de Jolly Kamuntu, jurista, militante contra la violencia sexual y periodista de Radio Maendaleo de Bukavu, reflejan una inquietud que comparten muchas personas que trabajan con las víctimas de violaciones masivas en países en guerra. Su preocupación se resume en dos preguntas:¿Está funcionando la justicia internacional para juzgar las violaciones? ¿Está sirviendo la acción de los tribunales como elemento disuasorio para los autores de dichos crímenes?

"No afirmamos que la justicia internacional sea incapaz, estamos a la espera de ver qué hace. En el TPI aún no ha habido ningún juicio. Pero nos preocupa que la violencia sexual sea siempre la última prioridad", dice a Público Kamuntu. La emisora donde trabaja es una de las que ha participado en la campaña Desafiando el Silencio, llevada a cabo desde 2005 por las asociaciones Fundación Worldcom y Lolamora Producciones, para sensibilizar sobre la cuestión de la violencia sexual y los procesos de justicia en países en transición.

"Hace falta que el fiscal del TPI vaya más al terreno, que hable con las víctimas. Ahora mismo, las víctimas nos dicen: ‘la justicia internacional existe en teoría, pero no para nosotras", añade Kamuntu.

La violación como genocidio

Sobre el papel, los avances en los últimos años en el tratamiento de la violencia sexual han sido significativos. "Cuando se crearon los tribunales especiales para juzgar lo ocurrido en Ruanda y en la ex Yugoslavia, la violación ni siquiera estaba definida como un crímen de guerra o de genocidio en los estatutos que detallaban los delitos de los que se iban a ocupar ambos órganos", explica Viviana Waisman, directora de la organización Women's Link Worldwide. "Fue la propia jurisprudencia la que incorporó esa definición", añade.

En concreto, fue el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) el que rompió moldes con una sentencia que sentó jurisprudencia. En 1998, en el veredicto del caso Akayesu, en el que se juzgó a un antiguo alcalde ruandés, el TPIR afirmó que la violación había sido utilizada como un instrumento del genocidio y por tanto debía juzgarse como un crímen de genocidio. Más de 200.000 mujeres fueron violadas en Ruanda durante las masacres de 1994.

El tribunal vino a decir que las agresiones sexuales no eran un corolario de la política de exterminio de los tutsis, sino parte integrante de ésta. A partir de ahí, las normas de otros tribunales especiales, y sobre todo del TPI, creado por el Estatuto de Roma para juzgar crímenes contra la humanidad permanentemente, y de modo complementario a la acción de los tribunales nacionales, sí han incluido la violación como un crimen de guerra y de genocidio.

"Ahora mismo, el Tribunal Penal Internacional tiene los instrumentos para perseguir la violación como crimen contra la humanidad", afirma Waisman. El problema es que no se usen, que es la sensación que ha dejado el caso de Lubanga, en cuya acta de acusación no se han incluido las violaciones como crimen de guerra.

La violencia sexual, por otro lado, sí figura en los cargos formulados contra el ex vicepresidente congoleño Jean Pierre Bemba, procesado por las atrocidades cometidas por sus fuerzas en la vecina República Centroafricana, y en la acusación contra los milicianos de la RDC Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui, a quienes se atribuyen violaciones y el sometimiento de mujeres a la esclavitud sexual. El caso de Bemba es paradigmático pues fue el primer dosier manejado por el fiscal del TPI en el que el número de violaciones -más de 1.000 documentadas de las que 600 son demostrables- superaba el número de asesinatos.

Impunidad en Darfur

La violación también es uno de los cargos que afrontan los dos encausados por el TPI en relación a la guerra en la región sudanesa de Darfur.
Este hecho no parece haber alterado la realidad en Darfur. "En el terreno, la actividad de los tribunales internacionales no ha mejorado la situación. Las violaciones siguen ocurriendo con total impunidad", lamenta la antropóloga Sao Silva, que ha trabajado en programas de género en lugares como Darfur, Angola y Liberia. "Es más, cuando hay un avance en un caso en un tribunal internacional -como la reciente petición de que se procese al presidente sudanés-, la situación empeora. Hay una reacción y las ONG que denuncian la violencia son más perseguidas que de costumbre".

Silva destaca también que existe "un aspecto de la justicia internacional en relación a la violencia sexual en el que hay un vacío, y es cuando los abusos sexuales o las violaciones las cometen miembros de misiones de paz de la ONU o el propio personal humanitario", dice Silva. "En el caso del personal de la ONU, se supone que los sospechosos son reenvíados a sus países de origen para juzgarles allí. Normalmente nunca se vuelve a oír hablar del tema. Eso supone un descrédito para las misiones y es otra manera de consagrar la impunidad", opina.

Según Silva, la violencia sexual sigue siendo un asunto marginado, también en los programas de emergencias o desarrollo financiados por los donantes internacionales, lo que acaba teniendo repercusiones en la búsqueda de justicia. "Las leyes son necesarias pero por sí solas no cambian las cosas. Hace falta hacer mucho trabajo de sensibilización con las comunidades de base", dice la cooperante. En Sudán, son las propias comunidades las que tratan a veces de tapar la violación y buscar una compensación en vez de un juicio. En la ley de Sudán, la violación ni siquiera existe como delito propio; sólo como adulterio.

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