Resumen del año 2012

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El 17 de mayo quedaba aprobado el Real Decreto Ley por el que el Gobierno, entre otras medidas, excluía a los inmigrantes en situación administrativa irregular de la atención sanitaria, a excepción de las urgencias, atención a embarazadas y menores de edad. El PP acababa así de un plumazo con el carácter universal del sistema sanitario español, que hasta ese momento se posicionaba como uno de los mejores del mundo. A cambio, el Ministerio de Sanidad elaboraba junto a las comunidades autónomas una fórmula de pago a través de pólizas, parecido al sistema privado: los inmigrantes sin permiso de residencia deberían empezar a abonar entre 710,4 y 1.864,8 euros al año para recibir asistencia sanitaria pública.

Todo bajo el argumento de acabar con los "abusos" del sistema por parte de este colectivo y atajar el "turismo sanitario", según términos acuñados por la propia ministra del ramo, Ana Mato, que sin embargo parecen estar lejos de la realidad. Un informe de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) de 2008 reflejaba que la población inmigrante acudía al médico con la mitad de frecuencia que los españoles. Además, el "turismo sanitaro" con el que Sanidad pretende acabar es, en su mayor parte, practicado por extranjeros de origen europeo o norteamericano con ingresos económicos elevados.

Poco importa. El discurso del Gobierno para culpar a los inmigrantes de un sistema deficitario parece haber calado entre parte de la sociedad. Un informe reciente de la Organización Internacional para las Migraciones evidenciaba que "la crisis está potenciando la imagen de la inmigración (o de su segmento más precario) como un "excedente indeseable" del que convendría deshacerse".

Por si esto fuera poco, la población inmigrante, el sector más afectado por el paro y la crisis, ha visto cómo el Gobierno aprobaba un mecanismo para facilitar el permiso de residencia a los que más ingresos tienen: bastará comprar una vivienda de al menos 160.000 euros.

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