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Acoso al juez de la memoria
El 14 de mayo, la Justicia española decidía suspender al magistrado Baltasar Garzón y apartarle de sus funciones en la Audiencia Nacional. Su delito, querer investigar los crímenes del franquismo. Sus enemigos, la derecha española liderada por Falange Española de las JONS y Manos Limpias, con la ayuda inestimable del juez Luciano Varela, que se encargó de la causa.
Previendo su destino, Garzón decidió tres días antes tomar camino de La Haya para trabajar como consultor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Así se lograba quitar de en medio a uno de los personajes más incómodos para el ala española más conservadora, que ha abierto otros dos frentes judiciales más contra el magistrado: las escuchas de la Gürtel y los cursos en la Universidad de Nueva York.
Costurón al Estatut
El 28 de junio, el Tribunal Constitucional lograba al fin dictar una sentencia sobre el Estatut salido del Parlament de Catalunya y votado en referéndum. Cuatro años y cinco borradores después, el Tribunal decidía anular 14 artículos, fijando la interpretación de otros 23 y cuatro preceptos. El Alto Tribunal, aún en fase estancada de renovación de sus miembros, ahondaba así en el descontento del pueblo catalán, tras la imposición del bloque conservador en el texto final.
La reacción no se hizo esperar y miles de catalanes se echaron a las calles para protestar por la sentencia, al tiempo que los intelectuales y políticos alzaban sus voces para rechazar lo que consideraban un tijeretazo injustificable a una legislación salida de la soberanía popular.
Un intruso en la capital
Tomás Gómez es el líder de los socialistas madrileños, pero no el mejor candidato para lograr Madrid. Así lo creyó el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que trató de convencer a Gómez de que se apartara del camino para que Trinidad Jiménez, la candidata del 'aparato', disputara a Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad de Madrid.
El ex alcalde de Parla se negó y forzó unas primarias en las que salieron a relucir las tensiones internas del partido en la capital. Finalmente, el 3 de octubre Gómez se impuso a la voluntad de Zapatero, en lo que muchos han interpretado como la primera gran derrota del presidente del Gobierno. Junto a Lissavetzky, formará el tándem del PSOE para recuperar un enclave maldito para los socialistas.
Alicante cierra el círculo corrupto
El 6 de julio la Policía registraba la Diputación de Alicante en otro nuevo caso de corrupción política ligada a miembros del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación, era detenido e interrogado por la adjudicación de un Plan de Residuos, que recayó en una empresa de Emilio Ortiz, vinculado con la trama Gürtel.
El caso, llamado Brugal, supone el tercer pozo de corrupción que se destapa en la región levantina y que imputa a un alto cargo del PP valenciano, tras las implicaciones del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, con la Gürtel, y del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por varios delitos.
Alarma aérea
El viernes 3 de diciembre los controladores aéreos decidieron no acudir en masa a sus puestos de trabajo. Este hecho provocó que AENA tuviera que cerrar el espacio aéreo español. Sin embargo, la huelga encubierta de este colectivo no saldría gratis. El Gobierno se vio obligado a militarizar las torres de control y a decretar el estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia.
Los controladores se enfrentaban así a un delito de sedición en caso de no regresar al trabajo. La medida dio resultado y la normalidad volvió al espacio aéreo. Sin embargo, los responsables tuvieron que declarar ante la Justicia por sus hechos y se enfrentan a penas que oscilan entre los 3 y los 8 años de cárcel. Zapatero defendió en el Congreso la adopción del estado de alarma y criticó la "desobediencia" de los controladores.
El retorno convergente
2010 fue el año en que CiU volvió al poder en Catalunya tras ocho años en la oposición. Los catalanes decidieron acabar con dos legislaturas de tripartito otorgando a Artur Mas 62 escaños, a seis de la mayoría absoluta, pero dejando muy atrás al PSC, que se hizo con 28 asientos en el Parlament.
Los socialistas catalanes, con Montilla presentándose a la reelección, sufrieron un duro varapalo al obtener los peores resultados de su historia. Tras esto, el ex presidente de la Generalitat anunció que no volvería a ser candidato y que dejaría también su escaño, abriendo un proceso de probable regeneración en el PSC.
Pasos para la paz
Las posturas en ETA y en la izquierda abertzale se mueven más que nunca. Una vez más, la banda terrorista ha vuelto a anunciar una tregua, aunque esta vez lo llamó “cese de acciones armadas”, y posteriormente dijo que estaba dispuesta a algo más. Además, la izquierda abertzale está dando pasos también para un acuerdo de paz o para romper definitivamente con la violencia.
Sin embargo, el Gobierno y el resto de fuerzas políticas no parece que vayan a dar pasos y a negociar antes de que ETA anuncie algo más, algo como que deja las armas. Lo que es cierto es que la banda se encuentra más débil que nunca, gracias a las numerosas detenciones de terroristas y sus cúpulas y comandos, así como el requisamiento de armas y explosivos.
El Gobierno se olvida del Sahara
En 2010 volvió el conflicto del Gobierno español con Marruecos por el Sahara. A principios del mes de noviembre, las fuerzas de seguridad marroquíes atacaban el ‘Campamento Dignidad’ saharaui, en el que se registró un fallecido español. Saharauis, ONG’s, y fuerzas políticas pedían al Gobierno que condenara los hechos pero el Ejecutivo socialista se resistió a hacerlo, lo que le valió numerosos reproches.
Mientras el gobierno marroquí censuraba y expulsaba a periodistas y criticaba a fuerzas políticas, el Senado español aprobaba una resolución de no condena de los hechos que provocó el malestar marroquí y que llegara a “replantearse” las relaciones con España. Mientras, el conflicto en el Sahara continúa abierto.
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La corrupción cerca al PP
En 2010 la sombra de la corrupción siguió acechando al Partido Popular con la mayor trama de corrupción vinculada a un partido político en España. Este año, ‘Público’ desveló que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.
Además, por la rama valenciana del caso, el juez reabrió el ‘caso de los trajes’ contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que puede acabar sentado en el banquillo. Asimismo, en abril, el juez Pedreira levantaba parcialmente el sumario del caso, que apuntaba directamente a la financiación ilegal del PP valenciano y a un tal L.B. como uno de los ejes sobre los que giraba la trama. L.B. era el tesorero del PP Luis Bárcenas, a quien Rajoy no cesó, y acabó dimitiendo en medio del esperpento conservador.
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El Gobierno cambia de imagen
El día 20 de octubre se produjo lo que era un secreto a voces: Zapatero renovó su Ejecutivo cambiando hasta seis ministros y reduciendo carteras. Con el cambio, Rubalcaba se convertía en la imagen del Gobierno, al convertirse en el vicepresidente primero en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega, quien había sido la número dos del presidente durante seis años. Junto a De la Vega salía Miguel Ángel Moratinos, otro histórico del Gobierno de Zapatero, sustituido por Trinidad Jiménez. Por ella entraba en Sanidad Leire Pajín, que junto a Valeriano Gómez (Trabajo), Ramón Jáuregui (Presidencia) y Rosa Aguilar (Medio Ambiente) formaban las nuevas caras del Ejecutivo.
También decían adiós Elena Espinosa, de la cartera de Medio Ambiente, así como Bibiana Aído y Beatriz Corredor, cuyas carteras de Igualdad y Vivienda pasaron a ser secretarías de Estado. El único cambio cantado fue el de Celestino Corbacho, que dejó Trabajo rumbo a Catalunya para formar parte de las listas del PSC en esa comunidad de cara a las elecciones.
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